Una cogobernanza necesaria

La pandemia de coronavirus tendría que habernos hecho aprender algunas lecciones y que el Gobierno practicara la denominada cogobernanza, pasando más bien del control centralizado del estado de emergencia al centrifugado de responsabilidades. Tendría que haber permitido que partidos políticos y gobiernos autónomos y locales de diverso signo, cómodos en los réditos del agravio y la insumisión, jugaran el papel que corresponde ante desafíos comunes.

La cogobernanza no es otra cosa que la cultura política a la que obliga el dibujo del Estado de las autonomías en nuestra Constitución, con áreas de competencia exclusiva para cada nivel administrativo y otras en las que el Estado tiene reservado el establecimiento de criterios generales que las comunidades autónomas pueden modular. Un entramado que –para satisfacción de quienes objetan el modelo autonómico– puede ser motivo de bloqueos cuando se pretende desbordar el marco competencial de cada uno, de forma invasivamente centralista o insolidariamente egoísta, o se prefiere avivar el conflicto en lugar de trabajar concertadamente. Algo a lo que posiblemente deberíamos estar acostumbrados en el marco de la disputa política ordinaria. Pero no es un síntoma esperanzador que esto siga siendo así cuando nos enfrentamos a desafíos vitales.

La lección (no) aprendida de la pandemia parece que se va a repetir al pie de la letra ante el desafío energético derivado de la invasión rusa de Ucrania, la negativa de Europa a aceptar la agresión de Putin y las consecuencias de un escenario económico preocupante. 

Todos los países europeos están planteando restricciones para intentar que el impacto del corte de suministro de gas ruso en invierno sea lo menos dañino posible. Las acciones posibles son muy diversas y deberíamos estar dispuestos a debatirlas más allá de una receta única, pero parece estar –como demuestran las escasas aportaciones alternativas de quienes cuestionan el plan del Gobierno– más en el cómo y el quién que en la esencia de las medidas. El actual escenario podría haberse evitado si se hubiera abierto el diálogo con las administraciones antes de plantear el primer plan de contingencia. 

El fracaso de la reunión celebrada este lunes entre el Gobierno y las comunidades autónomas demuestra que, en esta primera fase en la que corresponde tomar medidas preventivas, ya no hay margen más que para aplicarlas y esperar la resolución de los tribunales en torno a aquellas que se recurran por las vías establecidas, como ha hecho ya el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero en el próximo mes de septiembre sería deseable contar con un plan de ahorro energético acordado con quienes deberán aplicarlo porque no hay excusa para que los errores de unos y otros cometidos durante la crisis del coronavirus se repitan de nuevo.