¿Qué pasará con pensionistas y funcionarios en 2023?

Las recetas útiles para contener la inflación son sobre todo de política monetaria, y en esta ocasión no se pueden aplicar con contundencia porque, en el caso de una crisis de demanda —una estanflación de algún modo parecida a la de 1977—, podríamos abocarnos a una recesión, que por ahora estamos consiguiendo sortear. Sin embargo, como ha recomendado la Comisión Europea, se puede luchar contra los precios desbocados mediante el control flexible del presupuesto, lo que explica la contención que ha guiado la fijación del techo de gasto, que solo se ha elevado un 1,1%, hasta los 198.000 millones, incluyendo los 25.000 millones de fondos europeos (sin contar esos fondos, el techo de gasto habría subido apenas 3.200 millones). La idea del Ejecutivo es que, tras la covid, hay que contener el déficit público hasta un máximo del 5% en 2023 y del 3,9% en 2024.

Además, la Comisión ha recomendado que el gasto corriente no crezca más del 3,3% en el próximo ejercicio, lo que significaría un margen para las Administraciones Públicas de unos 20.000 millones, que serían absorbidos en su mayor parte por las pensiones, que el gobierno pretende actualizar íntegramente de acuerdo con el IPC. Es una medida social coherente con la filiación socialdemócrata de la coalición de gobierno, aunque es criticada por los economistas ortodoxos: el gobernador del Banco, Hernández de Cos, sin ir más lejos, mantiene una batalla personal contra esta indexación, que tampoco gusta a la patronal ni a la oposición conservadora.

Si la inflación media del año en curso acaba siendo del orden del 8%, la partida destinada a pensiones deberá crecer este porcentaje más lo que represente el aumento del número de jubilados y el crecimiento debido a que las nuevas pensiones son más altas. En total, esta partida, que supone un tercio de todo el gasto de las administraciones, podría crecer en torno al 10% e implicaría un desembolso adicional de unos 17.000 millones solo por este concepto.

Con estas cifras, la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) sostiene que el resto de las partidas que no son pensiones tan solo podrían subir entre un 0,5% y un 1%. La AIReF, por cierto, también ha criticado que se prevea un déficit del 5% para 2023 aunque las reglas fiscales de la UE solo se restauren en 2024 (podría darse el caso de que ese mismo año España fuera objeto de procedimiento de control de déficit excesivo por no conseguir alcanzar a los límites previstos).

En lo referente a los salarios públicos, el Gobierno ya ha manifestado que es partidario de que los funcionarios tengan el mismo aumento que se acuerde para los trabajadores en el pacto de rentas que los sindicatos negocian con la patronal. El Grupo Socialista ya rechazó este mes la propuesta de Podemos de ligar los sueldos públicos al IPC, y desde el Gobierno se confirma que se ha incluido a los funcionarios en ese gran acuerdo de contención salarial. Los empresarios, por su parte, instan al gobierno a que anuncie la subida salarial de los funcionarios para disponer de esa referencia en sus negociaciones con los sindicatos.

La protesta de los funcionarios por este tratamiento es hasta cierto punto lógica, ya que la merma de sus salarios ha sido elevada en toda la crisis —desde 2010, el descenso de su poder adquisitivo ha sido del 15%—, aunque pueda decirse que ese es el precio de su estabilidad. Sea como sea, se anuncian movilizaciones del CSIF con CCOO en septiembre. Además, los representantes sindicales de la función pública reclaman un acuerdo plurianual como el que firmaron con Montoro, que les devolvió a lo largo de varias anualidades parte de su poder adquisitivo perdido… Pero que con los datos actuales de inflación es mucho más difícil de obtener.

En suma, la actualización íntegra de las pensiones parece asegurada, entre otras razones porque es una baza electoral a la que las fuerzas que sostienen al Gobierno no querrán renunciar (en el futuro, sin embargo, habrá que hacer en los años difíciles una distinción entre las pensiones más bajas y las demás). Y los funcionarios se hallan en un laberinto en que su fortuna depende de la negociación social, de la evolución de la coyuntura en estos próximos meses (incluida la guerra) y de la capacidad de seducción y persuasión del Gobierno hacia los interlocutores sociales y funcionariales.