La sanidad y la cogobernanza

La decisión del Gobierno de hacer fijos a 67.300 profesionales de la Sanidad, que acumulan contratos temporales desde hace años, es una de las medidas más necesarias para acabar con la precariedad en un sector, el sanitario, cuyo esfuerzo fue esencial para afrontar la pandemia del covid y que es imprescindible para la mejora de nuestro sistema de bienestar. Esta medida, que viene impuesta por Bruselas dentro del plan de estabilización laboral en el sector público, no es suficiente, sin embargo, para paliar los déficits de la sanidad pública española, que sigue requiriendo de muchos más profesionales de los que actualmente tiene contratados para atender las necesidades de la población. Pero bienvenida sea para dar estabilidad laboral a esas decenas de miles de médicos, enfermeros y demás profesionales de la sanidad que precisan, más incluso que otras profesiones, seguridad en el ejercicio de su trabajo y el debido reconocimiento, también salarial, a su labor.

En la entrevista en El País en la que anunció el decreto aprobado ayer, el presidente Sánchez aseguró que se habían pactado con las comunidades autónomas los criterios comunes de esta decisión. No obstante, la medida, que debe aplicar cada autonomía en el ámbito de sus competencias, ha causado recelo en distintas comunidades, porque esa coordinación que avanzó Pedro Sánchez no parece tal, hasta el punto de que territorios como Madrid o Andalucía aseguran que el Gobierno no ha tenido interlocución con sus administraciones. En las comunidades reprochan al presidente que quiera apuntar en el haber del Ejecutivo el tanto de una iniciativa que algunas autonomías estaban pactando ya con centrales sindicales en su ámbito. 

Estaríamos ante un caso más de descoordinación, producto probablemente de las prisas del Ejecutivo por retomar la iniciativa tras el fiasco electoral de la izquierda en Andalucía. Esa necesidad de recuperar posiciones no solo no justifica que se atribuyan competencias que están transferidas, sino que además le añade frivolidad a la manera de afrontar un asunto tan grave como es la altísima precariedad de los sanitarios en el sistema público, que supera el 40% de temporalidad.

Y no es este un problema que se deba abordar desde la frivolidad, ni que se pueda improvisar, ni mucho menos que se pueda decidir sin las comunidades. Se debe, eso sí, coordinar con ellas para evitar, por ejemplo, que la temporalidad se prolongue en unos territorios mientras se corrige en otros. Sánchez está aún a tiempo. De la propia experiencia de la pandemia, el Gobierno debería haber extraído la lección de que no se puede gobernar sin las comunidades ni contra ellas. Muy al contrario, la estructura del Estado exige la cogobernanza, no solo cuando a las autonomías les toca adoptar medidas difíciles, como en la pandemia. Al Ejecutivo le toca cuidar las formas y no generar animadversiones. No le conviene.