La fiesta de la democracia

Cada vez que se celebran unas elecciones en nuestro país, del tipo y rango que sean, hay dos frases, o dos sentencias, que entran a formar parte del acervo político electoral. Una de ellas, identifica a los comicios con una celebración: “la fiesta de la democracia”. Una fiesta a la que no todos estaban invitados. O bueno, quizá siendo menos contundente, una fiesta a la que no todos accedían con la misma facilidad.

En 2011 se aprobó una reforma que ideó lo que se denominó el voto rogado: un sistema que obligaba a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pedir (a rogar) el voto con antelación para poder ejercer el sufragio. Una medida que fue acordada por los principales partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados en aquel momento -PP, PSOE, PNV y CiU- y que supuso el desplome de la participación electoral en el extranjero.

¿Qué es el voto rogado y por qué el Congreso le pone fin?

Votar, la máxima expresión de esta fiesta democrática, suponía para quienes residían fuera de España una auténtica pesadilla: quien conseguía finalmente enviar la papeleta con su voto tenía que pagar un precio demasiado elevado en términos tanto de tiempo empleado como, en ocasiones, de dinero. Para unos la fiesta era prácticamente gratis; para otros, los costes eran demasiado elevados como para plantearse acudir. Escribo en pasado porque, por fin, el pleno del Congreso de los Diputados dio su visto bueno, la semana pasada, a la supresión del voto rogado (solo falta la aprobación del Senado, pero todo parece indicar que el consenso político no impedirá su aprobación). Eso sí, la reforma no llega a tiempo para las elecciones andaluzas que se celebran el próximo domingo 19 junio.

ENCUESTAS

La otra frase que suele ser muy utilizada durante estos periodos electorales es la de “vamos a derrotar a las encuestas”. Suele ser utilizada por los líderes de aquellas formaciones políticas que los sondeos preelectorales sitúan con menores posibilidades de ganar los comicios. Pero las encuestas no se presentan a las elecciones, no se compite contra ellas. Lo único que hacen es, a modo de espejo, reflejar una realidad electoral en un momento concreto. Si la imagen que nos devuelve no nos gusta no es culpa del aparato: si nos muestra que no estamos en nuestro peso ideal, tendremos que hacer algo más que romper el espejo para corregir esa situación. Porque esa imagen no es, o no tiene por qué ser, una fotografía fija.

Puede ser el fotograma de una película en movimiento en la que todos los personajes actúan para que el final sea lo más feliz posible para ellos. El problema es que a los ciudadanos se les usurpa el metraje final de un filme en el que ellos mismos, además, representan uno de los papeles protagonistas. Las encuestas electorales son una herramienta importante, me atrevería decir que hasta necesaria, para que los electores puedan decidir su comportamiento electoral: votar o no votar o por qué formación política hacerlo.

¿Se imaginan que durante los cinco días previos se prohibiera la publicación o difusión de noticias relacionadas con las elecciones? ¿O qué pasaría si se prohibieran los debates electorales, o los programas y tertulias televisivas y radiofónicas que giraran en torno a cuestiones electorales bajo pena de multa? Entonces, ¿por qué sigue vigente el punto 7 del artículo 69 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que regula que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”?

No olvidemos que la ley no prohíbe realizar sondeos durante ese tiempo, lo que limita es su conocimiento a una parte de la sociedad: partidos políticos, medios de comunicación, empresarios, … tienen acceso a esas encuestas. Pero no la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué hace falta para que la fiesta de la democracia sea más inclusiva? Únicamente, como en el caso del voto rogado, voluntad política.

En un país como España en el que el recuento electoral es una referencia para otros países (transcurridas apenas cuatro horas desde el cierre de los colegios electorales ya se han contabilizado la práctica totalidad de las papeletas) quizá no tengan sentido las encuestas pagadas con dinero público que se hacen públicas a las ocho de la tarde el mismo día de las elecciones. Desde el punto de vista de la calidad y cultura política democrática de nuestro país, sería más útil derogar esa absurda ley. Ya no llegamos a tiempo para las elecciones de este próximo domingo, pero ojalá exista voluntad política de cara a los comicios del próximo año. Por cierto, tras el último debate electoral del pasado lunes, ¿saben cómo han variado los alineamientos electorales de los andaluces? Yo sí.