Sánchez no convence

La comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre el llamado ‘caso Pegasus’ se saldó con algunas promesas de difícil cumplimiento y unas explicaciones sobre el espionaje a los líderes independentistas catalanes y vascos que no convencieron a ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu. Ni siquiera el PNV salió satisfecho. Pedro Sánchez hizo dos anuncios: la reforma de la ley orgánica reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reforzar "las garantías de control" y asegurar el "máximo respeto a los derechos individuales y políticos", y una nueva ley de información clasificada para sustituir a la vigente ley de secretos oficiales, que data del franquismo e incomprensiblemente sigue en vigor.

Las dos promesas van en la buena dirección, pero puede que no lleguen a ningún sitio porque el Gobierno no tiene la mayoría absoluta imprescindible para sacar adelante una ley orgánica. La reforma del marco legislativo es lo mínimo exigible, aunque las propuestas podrían ser más atrevidas y deberían reconocerse los errores de seguridad que afectaron a las comunicaciones del Ejecutivo. Sin embargo, miembros del Gobierno reconocen que en estos momentos no existe una mayoría para aprobar la reforma por el presumible rechazo de sus socios habituales.

Ni siquiera hay acuerdo en el Consejo de Ministros sobre la reforma de los servicios secretos, a la vista de las posiciones expresadas por Unidas Podemos. Reeditar en este terreno la fórmula que salvó ayer la Ley General de Comunicación Audiovisual parece poco probable. En estas condiciones, es irresponsable hacer anuncios que se convierten después en meros brindis al sol sin compromisos efectivos. Es también ilusorio esperar que la polémica de Pegasus haya agotado su recorrido tras la dimisión de la directora del CNI, Paz Esteban.

En cuanto a la nueva ley de secretos oficiales, el Gobierno podría contar con el apoyo del PNV, que lleva tres años solicitando la modificación y actualización de la normativa para que se recorten a 25 años los plazos para desclasificar papeles secretos y a 10 para documentos reservados. Hay que preservar un difícil equilibrio entre transparencia informativa y seguridad, pero el secretismo que ha marcado hasta ahora la regulación española parece más marcado por los pactos de silencio de la transición que por las garantías a la seguridad del Estado. En el hemiciclo, Sánchez quiso tranquilizar a los ciudadanos al subrayar que la legislación española es incluso más garantista que la de otros países europeos. E insistió en que el Ejecutivo marca las prioridades en materia de riesgos para la seguridad nacional pero no conoce las decisiones operativas de los servicios de inteligencia.