Cerrar la crisis del espionaje

La destitución de Paz Esteban como directora del CNI se había convertido en inevitable tras reconocerse públicamente que los teléfonos del presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e Interior habían sido hackeados por el programa Pegasus. España admitió una seria vía de agua en la seguridad nacional y, por tanto, estaba obligada a hacer un movimiento que se identificase como un cambio y una asunción de responsabilidades.

Tampoco ha ayudado a Esteban la confirmación del espionaje a líderes y activistas del independentismo catalán por parte del Centro sin que se hayan desvelado oficialmente las causas. El servicio de inteligencia estaba bajo sospecha. La decisión adoptada por Sánchez de destituir a su jefa era el mínimo movimiento que se podía esperar del presidente para hacer un gesto hacia los agentes "externos" que le han espiado a él mismo y para tratar de cerrar, cuanto antes, esta crisis y recuperar la relación con ERC, socio clave del Ejecutivo en la legislatura. No obstante, la Generalitat catalana y Esquerra consideraron insuficiente esa destitución.

Se podría considerar que «no basta» con el cese de Esteban, pero no porque ahora tengan que seguir rodando cabezas hasta que las demandas del soberanismo catalán se sientan satisfechas. No basta porque es imprescindible, además de la asunción de responsabilidades, seguir investigando qué ha ocurrido y por qué, para conocer con certeza si lo que ha pasado ha sido el resultado de decisiones premeditadas, errores en la ejecución de las instrucciones recibidas o imprudencias para garantizar un escudo en comunicaciones internas.

Es necesario también informar del resultado de esas investigaciones, teniendo en cuenta, claro está, que el límite para desvelar esos datos está en garantizar la seguridad del Estado. Esa debe de ser la barrera. El resto de las pesquisas deben exponerse, porque así lo requieren los espiados y porque la sociedad española lo necesita por una cuestión de limpieza democrática y de que se le ha dejado ver, además, agujeros de seguridad para con sus autoridades. El cese de Esteban debería ser suficiente, pero si de las indagaciones posteriores se derivaran más responsabilidades políticas, deberían ser depuradas.

Son muchas las tareas urgentes que tiene ahora el Gobierno y el propio CNI, porque los dos episodios de la crisis del espionaje, el Catalangate y el hackeo de los dispositivos de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska, han evidenciado la necesidad de revisar y actualizar los procedimientos de seguridad de las comunicaciones de los altos cargos y el control de las peticiones de intervención. Hay que hacer de la necesidad virtud y revisar el modelo para que los españoles se sientan más seguros y, a la vez, sientan protegidos sus derechos. Ningún Estado puede permitirse dudas sobre sus servicios secretos ni la fragilidad que ha facilitado que se espíe y se robe material a un presidente y a sus ministros.