Fiscalizar el gasto de la pandemia

El estallido de la pandemia del covid-19 obligó a las administraciones públicas de todo el mundo, al mismo tiempo y contrarreloj, a tomar medidas urgentes para hacer frente a la emergencia sanitaria. En particular, fue acuciante, en los primeros meses, la competencia salvaje por procurarse en los mercados internacionales de todo tipo de materiales, desde respiradores hasta guantes y mascarillas. E inmediatamente, la de activar y disponer recursos sanitarios y asistenciales en una dimensión y con un grado de urgencia que nadie había previsto. 

Una de las decisiones que fue necesario tomar durante el estado de alarma fue adoptar procedimientos expeditivos previstos en la legislación para regular los contratos públicos en situación de extrema urgencia. Emergencia sanitaria, aumento del gasto y levantamiento de controles sobre la transparencia de los procedimientos para ejecutarlo conformaron un ambiente en el que diversos organismos alertaron del riesgo de fraude, corrupción y dilapidación de recursos públicos, así como de que actores poderosos aprovecharan la crisis en beneficio propio. Se denunciaron asimismo casos de contratación de urgencia, a menudo pagando precios muy superiores a los de mercado. 

Los organismos responsables de regular la contratación pública y de fiscalizar el gasto público y los jueces apenas han empezado a rascar la superficie de cómo se ha gestionado el gasto de miles de millones de euros en condiciones de control laxo. En una pequeña muestra de 134 contratos, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ya ha alertado de que "en un número significativo de casos" no se comprobó la idoneidad de los adjudicatarios y "en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa".

En este contexto han trascendido diversos episodios en que el uso de recursos públicos se ha cuestionado. Desde el cobro de comisiones por parte de personajes con conexiones familiares en las administraciones públicas madrileñas, como ha sido el caso de Alberto Luceño y Luis Medina, que se han embolsado cantidades escandalosas de dinero con visos de estafa. Los dos ganaron casi seis millones de euros vendiendo material sanitario para el Ayuntamiento de la capital. 

Las actuaciones discutibles que hasta ahora se han conocido pueden haber escondido prácticas de tráficos de influencias y fraudes en los que el calificativo de "pillos" que Alberto Núñez Feijoo aplicó a Medina y Luceño se queda muy corto; actuaciones aún más indecentes en cuanto extraían beneficios de una situación en que las cifras de muertes escalaban y la economía del país estaba hundida.

También casos en que la Administración fue la estafada en su búsqueda perentoria de suministros médicos en unos mercados internacionales convertidos en una auténtica selva de aprovechados. O decisiones que acabaron siendo desacertadas en momentos en que era difícil modular el volumen de recursos que iba a ser necesario en una situación imprevisible. 

Sea cual sea la circunstancia, esté detrás la corrupción, la incompetencia o la imposibilidad de reaccionar de forma ajustada a una crisis abrumadora, es necesaria una rendición de cuentas exhaustiva y sistemática sobre todo el volumen de gasto público gestionado en estas condiciones. Y no solo de forma reactiva ante denuncias puntuales.