Política sin alma

Hace ya casi dos años que se puso en marcha el IMV, una ayuda para las personas más vulnerables. Una ayuda urgente, necesaria, imprescindible para quienes están en una situación límite, pero que no funciona, no llega a quien lo necesita. En el mes de marzo hemos vuelto a tener una nueva actualización de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, con ello, una nueva decepción. El ingreso no llega a quien lo necesita. Estaba previsto que llegase a dos millones y medio de personas y apenas sobrepasa el millón.

El principal problema del IMV, desde su concepción, es que está mal planteada. No se plantea desde un enfoque de derechos, de redistribución de la riqueza, de lucha contra la desigualdad o una política progresista de Estado que cuida. La concepción, desde una óptica burócrata, del Ingreso Mínimo Vital lo plantea como una paga para pobres donde lo fundamental es que quien la pida demuestre, sin ningún lugar a dudas, que es pobre pobrísimo y, además, salve una gran cantidad de obstáculos y requerimientos para que no se cuele nadie que no sea pobre pobrísimo. Digo pobrísimo porque se puso el límite tan bajo que quienes estaban en las cifras del umbral de la pobreza no tenían derecho a pedirlo, había que ser más pobre aún.

Lo importante no es la persona o resolver sus problemas, sino el proceso burocrático. No es una política orientada a cubrir una necesidad, sino orientada al procedimiento centrado en detectar cualquier posible intruso que quiera colarse.

Decimos que llega a poco más de un millón de personas dos años después, el 45% de lo previsto, pero la realidad es más desoladora. Porque la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital eliminó la prestación por hijo o hija a cargo que ya recibían cientos de miles de familias en nuestro país y, al sustituirla, automáticamente una parte de esas familias pasaron a formar parte de los receptores del ingreso mínimo vital, por lo que los nuevos expedientes resueltos favorablemente son de una cifra menor. De las 850.000 familias a las que se quería llegar, en el primer año sólo se había autorizado a 276.000. A cambio, de las familias que podían optar a la prestación por hijo o hija a cargo muchas se quedan fuera. Unos 700.000 niños y niñas en este país quedaban fuera de la ayuda con el nuevo IMV.

Tras la constatación de que el primer año se había quedado muy lejos del objetivo, el ministro Escrivá reformó su procedimiento para poder llegar a más gente, pero sin cambiar de enfoque. Parches y más parches. También volvieron a recuperar prestaciones por hijos que nunca debieron haber quitado. Aún no se han recuperado todas. Pero llegaron más problemas. En la búsqueda del posible intruso, el ministerio hizo las comprobaciones de todos los destinatarios con sus declaraciones de la renta y, además, erróneamente contabilizó las rentas mínimas autonómicas que debían ser exentas y eso le hizo etiquetar a muchos receptores como intrusos de nuevo, mandándoles una carta para advertirles de la reducción de su prestación para el siguiente año que, además les pedirán devolver el importe extra supuestamente recibido. Aunque esto no sea cierto y se deba a un error del ministerio, ellos deberán primero devolver y luego reclamar.

Para recibir el IMV debe ser culpable de ser pobre, será sospechoso de ser un espabilado y de pedir algo que no le toca, luego será perseguido para ver si ha cobrado de más y obligado a devolverlo y volver a reclamar y así sucesivamente. La política sin alma no es política. Es del todo absurdo proceder con tal ineficiencia cuando, de entrada, hacienda ya tiene todos nuestros datos, sabe a quién debería concedérsele el IMV y podría hacerse de forma mucho más rápida. Pero no, seguimos con un infierno burocrático que deniega tres de cada cuatro solicitudes.

La Seguridad social se permite tratar así a las personas que solicitan el IMV solo porque son pobres. Si a usted o a mí nos tratasen así, cuando entramos en urgencias de un hospital para recibir atención médica nos parecería intolerable, armaríamos un escándalo y lo habrían arreglado ya. Pero esta aporofobia institucional les viene a decir que se lo merecen y que ese es el trato institucional que van a tener, y que no se quejen.

La alternativa evidente es la renta básica universal, rapidísima de gestionar porque se le da a todo el mundo que la pide y luego hacienda ya aclara cuentas a final de año y recauda lo procedente de quien deba pagar más. Para quienes me van a preguntar si a la presidenta de un banco también le daremos la Renta Básica Universal, la respuesta es sí, claro, igual que le daremos la pensión, las carreteras, la cama de hospital y los aeropuertos para que pueda coger un avión. Y luego ella, pagará lo que le corresponda. Ese es el tema, perseguir que se pague lo que corresponda, incluidas las rentas del capital y atender a quien lo necesita. Ese debería ser el objetivo de un gobierno progresista.

Siempre he sido reacia a los gobiernos de tecnócratas porque, como decía antes, la política sin alma no es política. La política requiere convicciones, valores, ideas y por supuesto sentimientos. Un técnico puede hacer formularios, procesos, excels y números, pero un político debe saber para qué y para quién gobierna. Y debe resolver problemas y mostrarnos que la patria es un hospital, la patria son los ERTES y que el IMV llega porque así somos un país mejor.