El peligroso precedente de Castilla y Léon

El Partido Popular ya comparte el Gobierno de Castilla y León con un vicepresidente y tres consejeros de Vox. Por primera vez en democracia, la extrema derecha accede a responsabilidades de Gobierno gracias a la decisión de los populares de romper su pacto con Cs y adelantar las elecciones. Aspiraba a conseguir una mayoría sin necesidades de depender de otros, es cierto. Pero al mismo tiempo, en su maniobra, la posibilidad de tener que gobernar con los de Abascal entraba forzosamente dentro de cualquier cálculo racional.

La situación no es muy distinta de aquella en que se encuentra el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Entre la verbalización del deseo de un gobierno en solitario y la realidad, reflejada en encuestas como la de Gesop para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y el resto de diarios de Prensa Ibérica, de que sin contemplar la posibilidad de un pacto entre los partidos constitucionalistas, al que tampoco está nada dispuesto el PSOE, el único camino para llegar a la Moncloa pasa por llevar hasta allí a Santiago Abascal. Un consenso, el de la Constitución de 1978, del que el nuevo vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se desmarcó durante el debate de investidura, al recordar que el objetivo último de Vox sería la derogación del Título VIII de la Constitución y, por tanto, la supresión del Estado de las autonomías.

Feijóo, ante la encrucijada de los pactos con Vox y la prueba de Andalucía

Mañueco, investido presidente con los votos de Vox

Declaraciones de principios de este tipo son tan inaplicables sin vulnerar los mecanismos de reforma constitucional previstos como retóricamente compatibles con el ejercicio de responsabilidades de Gobierno en las instituciones (igual que lo ha sido sostener desde ellas cualquier otra de las posibilidades de reformular el marco constitucional).

Más preocupante será la gestión que haga la ultraderecha de las áreas sobre las que ha conseguido el control directo, con posibilidad de ejecutar de forma efectiva políticas regresivas, o el efecto de arrastre que pueda ejercer sobre el conjunto del Ejecutivo regional en áreas como la lucha contra la violencia de género. Aunque no se pueda descartar un pulso cotidiano en la derecha con el único objetivo de definir el perfil diferenciado de cada formación. 

Pero aún más grave es el precedente establecido por el Partido Popular y sus consecuencias en próximas elecciones. Legitimar la presencia al frente de las instituciones de quienes amenazan la misma convivencia democrática no es solo un gravísimo error que hasta ahora todos los partidos conservadores de Europa han procurado evitar. Dejar tan meridianamente claro al electorado conservador más tentado por el discurso autoritario que su potencial voto a la extrema derecha no es un desahogo estéril, sino un sufragio útil para hacer llegar al Gobierno a una suma de fuerzas similar a la que ahora gobernará Castilla y León puede acabar siendo un error de cálculo tan irresponsable como peligroso.