Chile estrena presidente

El viernes 11 de marzo Gabriel Boric será presidente de Chile. Con él se cierra el largo ciclo iniciado en 1990 tras la llegada al poder de Patricio Aylwin y el fin de la dictadura de Pinochet. Comenzaba así la transición democrática chilena, modélica en muchos aspectos, pero simultáneamente muy denostada por los protagonistas de las protestas de fines de 2019, bajo el lema de “no son 30 pesos, son 30 años”.

Hoy las circunstancias son muy diferentes a las de entonces, aunque sigue habiendo grandes expectativas y numerosas promesas por cumplir. Esto es algo que el nuevo presidente sabe y le preocupa enormemente. Pero, si el cambio de época introduce numerosos factores de incertidumbre sobre el desempeño y los resultados del nuevo gobierno, hay que añadir un entorno nacional e internacional de una complejidad inusitada.

En el frente interno, a las consecuencias devastadoras del covid-19 se suman otros problemas, como la crisis migratoria, el aumento de la delincuencia y el narcotráfico, la cuestión mapuche y su correlato de orden público y las reformas económicas y sociales pendientes, como la de las pensiones (con un aumento del protagonismo del sector público) y la fiscal o la extensión de la gratuidad de la enseñanza a todos los niveles. También hay nuevos temas en la agenda, como el cambio climático y las energías renovables, la equidad de género y los derechos humanos. Por si todo esto fuera poco, la nueva Constitución debería aprobarse en los próximos meses.

Fuera del país las cosas tampoco son sencillas. América Latina, está sumamente fragmentada y sus gobiernos se caracterizan por una marcada heterogeneidad. A esto se suma la invasión rusa a Ucrania, que esta vez le impide al conjunto de la región implementar las posturas más neutrales de otros tiempos.

Más allá de los nubarrones próximos y lejanos, Boric llega con buenos auspicios, lo que no hace sino aumentar el nivel de exigencia sobre su gestión. Cuanto mejores y más coherentes respuestas dé, más se le pide. Las señales positivas ya se hicieron sentir la misma noche de su victoria electoral. Su triunfo fue rápidamente reconocido por el candidato derrotado, aumentando no solo la legitimidad del presidente electo, sino también la de todo el sistema político chileno.

En esas jornadas, los mecanismos republicanos funcionaron a la perfección y posteriormente las señales de Boric transmitían madurez y confianza, alejando las voces agoreras que prevenían de las nefastas consecuencias de un aterrizaje castro-chavista. Su gabinete, incluyendo a Mario Marcel como ministro de Hacienda, fue otro paso en la buena dirección.

Sus reacciones ante las grandes cuestiones regionales e internacionales estuvieron a la altura de las circunstancias y rompieron algunos de los tabúes de la izquierda latinoamericana. Frente al pacto de silencio, la omertá bolivariana, que impide criticar a los “nuestros”, Boric ha tomado distancia de los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, denunciando las violaciones de derechos humanos. Incluso ha ido mucho más allá.

En un gesto nunca visto en América Latina, especialmente con nuevos gobiernos de izquierda, no estarán las máximas autoridades venezolanas ni nicaragüenses y es difícil que asista algún alto representante de Cuba. En su lugar, Boric ha invitado personalmente a Sergio Ramírez y Gioconda Belli, dos connotados opositores al neosomocismo de Ortega-Murillo.

Estas y otras reacciones lo distancian del Partido Comunista (PCCh), pieza clave en la coalición inicial que lo condujo al triunfo. Muy próximo a los regímenes bolivarianos, el PCCh ya estaba molesto por la escasa acogida dada a sus economistas en la nueva administración. Posteriormente, la distancia se agrandó dada la clara postura asumida por el nuevo presidente ante la guerra de Ucrania. Boric habló de invasión, de la agresión de Putin y mostró su solidaridad con el pueblo ucraniano.

El nuevo presidente no lo tendrá fácil. Tiene por delante un buen número de promesas por cumplir, pero cuenta con recursos limitados. Deberá medir cuidadosamente sus pasos para equilibrar promesas y logros, intentando evitar decepciones y frustraciones que le pasen factura. Los primeros 100 días serán de una gran exigencia y permitirán calibrar la marcha de su gestión, pero en el medio plazo la nueva Constitución se alza como su mayor reto, que incluso podría comprometer todo el mandato.

Un mal texto sería de por si un grave problema que amenazaría la gobernabilidad del país. Pero su rechazo en el plebiscito de salida sería algo todavía peor. Si bien podría desvincular su responsabilidad, traspasándola a unos constituyentes irresponsables y frívolos, su imagen se vería igualmente comprometida. Su tarea no es sencilla, pero ante la magnitud del desafío es de esperar que tanto el pueblo como las instituciones chilenas, comenzando por el nuevo presidente, sepan estar a la altura.