Reforma laboral

Las dificultades para aprobar la reforma laboral muestran hasta qué punto las realidades hispanas se mueven en corrientes divergentes. No solo el sistema político vasco es diferente del sistema español. El sistema sindical vasco también lo es. Puesto que la reforma laboral ha sido cocinada por las organizaciones sindicales nacionales, va a ser imposible que Bildu, que está vinculado a ELA, preste sus votos a una reforma laboral en la que no ha intervenido su par sindical. El PNV, que no quiere facilitar la creciente presencia de Bildu, no puede ceder ahí. Sin embargo, el hecho de que políticos y sindicatos gocen de organicidad permite caracterizar la realidad vasca como heterogénea a la española.

Los que creen que el nacionalismo es una insistencia obsesiva en la diferencia, deberían reflexionar sobre este hecho. Pues incluso la inteligencia más distraída podría preguntarse si, con la misma probabilidad, el nacionalismo vasco sencillamente refleja una diferencia previa. No la produce, sino que la representa. Eso que expresa el nacionalismo no es tanto una defensa de intereses espurios, sino una protección de intereses legítimos. Los primeros serían aquellos que están producidos por las situaciones de ventaja que ofrece una posición política. Por ejemplo, la síntesis de intereses de Florentino Pérez y la oficina de obras públicas del Estado. Esto es espurio y atraviesa todo el nacionalismo español. Los segundos, los legítimos, emanan de la realidad social propia, de la que surge una situación política dada.

Los sindicatos vascos no van a apoyar la reforma laboral y Bildu no puede votarla, porque no responde a su realidad. Es un interés legítimo. La razón es la misma por la que los jubilados vascos mantienen una lucha continua contra las pensiones estatales. Su lucha es a favor de que el Estatuto vasco pueda crear su propia caja de la Seguridad Social. Jubilados y sindicatos desean atenerse al ámbito vasco porque disponen de una base económica mucho más operativa que la del resto de la sociedad española. Los jubilados vascos sufren una reducción de ingresos cuando su mayor salario es sustituido por los módulos generales de las pensiones españolas. Por eso no cesan de protestar semana tras semana desde hace años. Los trabajadores vascos sufrirían una reducción de los ingresos si se atienen a los convenios colectivos estatales, concertados por los sindicatos nacionales. Y esto es así porque sencillamente los convenios de empresas vascas están por encima de los convenios españoles. La reforma laboral, al dar prioridad a los convenios estatales, empeora las condiciones laborales de los trabajadores vascos. Por eso no han votado esta reforma.

Llamo la atención sobre la realidad material de estos procesos. Pedir el voto a Bildu y al PNV está más allá de toda racionalidad política y Sánchez lo sabe. Una sociedad parcial se convierte en heterogénea respecto de la sociedad más amplia en la que se integra, si los intereses y condiciones de vida de sus trabajadores y de sus jubilados resultan perjudicados al alinearse bajo las condiciones de la sociedad general. Todos los discursos y sermones sobre la igualdad de los españoles chocarán contra el duro muro de los procesos materiales desiguales.

Por supuesto, la pregunta que queda abierta es cuál es el origen de esa heterogeneidad. Como siempre sucede cuando uno se pregunta por el origen de las constitución existencial de un colectivo popular, podríamos remontarnos muy lejos. Pensar que, en el caso vasco, esta heterogeneidad es fruto de las ventajas que concede el propio estatuto puede consolar a muchos, pero a mí me parece que es una ilusión que confunde las causas con los efectos. El estatuto es un éxito para Euskadi, pero porque la sociedad vasca, diferente a la española, estaba en condiciones de gestionarlo bien.

Que esto tiene que ver con el sistema fiscal de Euskadi, apenas puede dudarlo nadie. La fiscalidad forja sociedad, y para ir al origen de este hecho tendríamos que remontarnos hasta la Edad Media. En suma, Euskadi ha tenido la fortuna, el coraje y la constancia de sustraerse al sistema extractivo del Estado, que efectivamente no sólo es más intenso sino que además es más penosamente corrupto e ineficaz. Eso ha redundado en la mejora económica de las gentes del País Vasco, que se han aferrado a sus sistema histórico con fuerza. Cualquiera que se mueva por aquellas tierras se da cuenta de que el suelo económico de Euskadi está varios puntos por encima del mejor suelo español.

No quiero discutir si el sistema fiscal vasco es más justo que el español. Esa no es la cuestión ahora. La cuestión es que el Estado, con su compromiso de igualdad, debe esmerarse para que el resto de ciudadanía española converja con la vasca y abandonar la tentación histórica de nivelarnos a la baja, expropiando de sus mejores condiciones a los que gozan de ellas. Quizá eso tenga más que ver con la estructura del gasto público, con el sistema de inversión por parte de la administración. Que todas las tierras hispanas se quejen de un déficit de financiación debería darnos que pensar acerca de la forma en que está distribuido el presupuesto. Quizá adelgazar la administración central sea la única manera de ir, poco a poco, acercándonos al esquema vasco. En un Estado español ideal, nuestra administración central no debería ser más costosa de lo que permitiría una universalización del sistema de cupos.