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¿Existe Castilla y León?

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El candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato del PSOE, Luis Tudanca, llegando al debate.

El candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato del PSOE, Luis Tudanca, llegando al debate. / EFE/Javier Lizón

En el año 1979, dos personas, el entonces ministro Rodolfo Martín Villa y el socialista Gregorio Peces Barba, en el transcurso de una cena en Valladolid acordaron crear una autonomía con los sobrantes de la histórica región de Castilla la Vieja, de la que se habían desgajado las provincias de Santander y Logroño para crear sus propias autonomías, y la no menos histórica región de León (León, Zamora y Salamanca), que aparecía en los mapas como tal desde la Edad Media y que en ese momento desapareció. Fue la única región española a la que no se le permitió acceder a una autonomía propia siguiendo la opción constitucional y se hizo sin preguntarles a sus pobladores. Dos personas y dos partidos políticos decidieron por ellos y así siguen desde entonces.

Desde el año 1983, en que se aprobó el Estatuto de Castilla y León, los gobiernos de esa híbrida región (el propio Estatuto reconoce su birregionalidad) se han empeñado con todo tipo de esfuerzos en crear un sentimiento autonómico que casi 40 años después no existe salvo entre los funcionarios de la Junta y los representantes de los partidos políticos que la sustentan (no todos: muchos dicen en privado lo que no se atreven a decir en público), y acaso algo en Valladolid, la ciudad más beneficiada por la creación de esa autonomía artificial al convertirse de hecho, que no de derecho (el Estatuto de autonomía no fija una capital), en su centro político y económico.

En León más de un 80 por cien según las encuestas manifiestan su deseo de contar con una autonomía propia o de salirse de la actual (¿se imagina alguien qué ocurriría en Cataluña si el 80 por cien de los catalanes se quisieran ir de España?) y el resto de las provincias castellanas viejas asisten con desafección a la concentración del poder en Valladolid mientras ven cómo ellas pierden actividad y, lo que es peor, población, el gran drama de la autonomía. La artificiosidad de su creación unida al desconocimiento mutuo que la enorme extensión del territorio propicia entre sus habitantes (Castilla y León es la mayor “región” de Europa) impiden que cuaje un sentimiento de pertenencia común a un proyecto que ven artificial y, lo que es peor, impuesto. Casi 40 años después de la creación de la autonomía y con todo el dinero empleado desde ella en hacer que cale en la población, nadie en Castilla y León se dice castellanoleonés ni se considera tal y sí, por el contrario, castellano o leonés, incluso burgalés, soriano o salmantino, pues la provincia sigue siendo la gran referencia.

Pero es que tampoco físicamente la autonomía de Castilla y León tiene una existencia clara. Cualquiera que viaje por el territorio observará que en su mayor parte es un gran desierto con unas cuantas ciudades pespunteándolo y cientos, miles de pueblos vacíos o semivacíos aun a pesar de su larga historia. En una extensión que va de Galicia hasta Aragón y del País Vasco hasta Extremadura y que ocupa casi la quinta parte del territorio nacional apenas viven 2.400.000 personas, es decir, el cinco por cien de la población española. Y de esos 2.400.000 la gran mayoría lo hace en 12 o 15 ciudades, lo que deja el resto del territorio prácticamente vacío.

Hay provincias como Soria cuya población entera cabría en el estadio Santiago Bernabéu y salvo las de Valladolid, Burgos y León ninguna alcanza los 200.000 habitantes, que es la población que tiene cualquier ciudad dormitorio del extrarradio de Madrid. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el índice de envejecimiento es altísimo, pues los jóvenes huyen de la autonomía en busca de oportunidades, lo que hace que la población activa merme continuamente y la natalidad se desplome. Así las cosas, cualquiera que recorra el territorio observará que el panorama, dejadas las capitales de provincia y no todas (muchas pierden población también), no puede ser más desolador, con ciudades convertidas en geriátricos y villas y pueblos históricos languidecientes y semivacíos o que se caen a cachos como su patrimonio.

En esa tierra y ante esa población envejecida y cada vez más consciente de su marginalidad se libra estos días una batalla política que poco tiene que ver con ella pese a que los políticos que aspiran a gobernarla se empeñen en decir que sí. Verlos recorrer sus campos, fotografiarse ante vacas y ovejas o subirse al primer tractor que encuentran, como verlos pasar de largo ante el herrumbroso patrimonio industrial ferroviario o minero que dejaron perderse, no resultaría obsceno si además no supiéramos que la batalla que libran no tiene nada que ver con quienes los observan, pues es una batalla cuyo comienzo se gestó lejos y cuyo objetivo final no es Valladolid sino La Moncloa.

Los castellanos y los leoneses son los peones de una partida de ajedrez que se libra por intereses distintos a los suyos y sus necesidades y reivindicaciones a nadie le interesan o, si les interesan, lo disimulan mal. Ver al presidente de Castilla y León en funciones referirse en el debate televisado de los candidatos a la presidencia a los indultos del Gobierno español a los condenados por el procés catalán o criticar a Pedro Sánchez continuamente en vez de proponer soluciones para los problemas de su autonomía habla a las claras de por dónde van los tiros. Y, si el propio presidente de Castilla y León asume su irrelevancia, puede que hasta su inexistencia, qué esperar de los políticos de fuera, que ni siquiera saben por qué se llama así.

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