Díaz, la religión y el voto

Desde hace unos meses, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acapara gran parte de los titulares políticos en España. Los motivos han sido varios, pero siempre, en general, positivos. Se ha destacado por su capacidad para lograr acuerdos entre los diferentes agentes sociales; por sus respuestas al secretario general del PP, Teodoro García Egea, en los combates dialécticos que mantienen durante las sesiones de control al Gobierno; por ser la dirigente política que mejor evaluación ciudadana obtiene en los sondeos; por asistir al evento “Otras políticas” organizado en Valencia por Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, donde Díaz fue recibida al grito de “presidenta”; o, por su velada -o no tan oculta- intención de liderar un nuevo partido político que trascienda las actuales marcas políticas. Lo último: su viaje al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Un encuentro en el que algunos han querido ver un protoacto electoral enfocado a cimentar un proyecto político sustentado en la (o en una nueva) transversalidad: la búsqueda del voto más allá de las fronteras tradicionales del electorado de izquierda. Pero, ¿es el votante católico de derechas en nuestro país?

En España, según datos del último Barómetro del CIS, en torno a 20 millones de españoles mayores de 18 años se definen como católicos: casi siete, se consideran católicos practicantes y alrededor de 13 millones, católicos no practicantes. En el otro lado, casi 14 millones se autoclasifican como agnósticos, no creyentes, indiferentes o ateos. Según estos mismos datos, el voto católico en España es bipartidista. Con algún matiz interesante: mientras que entre los católicos practicantes el PP superó al PSOE con holgura en las últimas elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (redondeando: 34% frente a 20%); entre los católicos no practicantes sucedió a la inversa y los socialistas se impusieron a los populares (30% frente a 19%). Entre los no creyentes, PSOE y Unidas Podemos, en ese orden, acapararon la mayoría de los votos: 30% y 24%, respectivamente.

Se puede, así, afirmar, que entre los católicos sigue funcionando electoralmente la dualidad vieja-nueva política que surgió con la aparición de nuevos partidos (y donde se impone la primera), mientras que entre los no creyentes el voto se articula en torno al eje ideológico izquierda-derecha (con dominio del primero).

Dentro de la escala ideológica utilizada por el CIS 1-10, donde el 1 equivale a una posición de izquierda y el 10 a una de derecha, los católicos practicantes se ubican, de media, en el 5.2, los católicos no practicantes en el 4.7 y los no creyentes en el 3.6. Y también se diferencian en quién les gustaría que estuviera, en estos momentos, al frente de la presidencia del Gobierno de España: los primeros eligen a Pablo Casado; los segundos, a Pedro Sánchez, y los terceros, a Yolanda Díaz. Dentro, eso sí, de que ningún político actual logra el aprobado entre ninguno de los tres grupos aquí diferenciados.

Ahora bien, ¿hasta qué punto el factor religioso constituye realmente, aquí y ahora, un elemento diferencial determinante en la definición, organización y dinámica de actitudes, opiniones, comportamientos sociales y, sobre todo en este caso, alineamientos electorales?

Según los datos de encuestas, actualmente en España, católicos practicantes, no practicantes y no creyentes comparten algunas cuestiones que configuran la cultura cívica de una sociedad, entendida esta como el conjunto de actitudes, creencias, valores, sentimientos y prácticas que estructuran y modelan la relación de los individuos con el poder público y con otros individuos. Por supuesto, las creencias religiosas los distancian, pero los tres grupos aquí diferenciados comparten una serie de opiniones que cabe destacar. Algunos ejemplos: la abrumadora mayoría, en los tres casos, considera que las diferencias de ingresos existentes actualmente en nuestro país son demasiado grandes; piensan que, en una sociedad justa, las diferencias entre el nivel de vida de las personas deberían ser pequeñas; que es el Estado el que debe tener la responsabilidad de reducir las diferencias entre quienes tienen ingresos altos y bajos, y también debe ser el principal proveedor de cuidados para las personas mayores. Comparten la idea de que las Administraciones Públicas tienen que ser las principales proveedoras de atención sanitaria para las personas enfermas; que es conveniente reformar la sanidad española después de la pandemia del covid-19; que hay que dedicar más recursos económicos para reforzar el sistema sanitario y ampliar su plantilla y que el Estado y CCAA en colaboración deberían ser quienes deberían hacerse cargo de la lucha contra la pandemia. Y también consideran mayoritariamente que el Estado debe ser el responsable de todos, no solo de los más desfavorecidos; que la luz es un bien de consumo básico, y que su precio debería ser controlado mediante la intervención pública.

Un último dato, el 80% de los católicos practicantes, el 84% de los no practicantes y el 92% de los no creyentes piensan que las autoridades religiosas no deberían intentar influir en lo que la gente vota en las elecciones. Más que la religiosidad, por tanto, (y al margen de propuestas políticas) un nuevo partido tendría primero que hacer frente a otras brechas actualmente existentes que le permitieran esa pretendida transversalidad. Por ejemplo, la de edad y la de género. En España, entre quienes se definen como no creyentes prevalecen los hombres sobre las mujeres y tienen una edad media inferior a quienes se definen como católicos. Entre estos últimos, son mayoría las mujeres y tienen una edad media superior al resto de españoles. Precisamente los dos perfiles que, según los estudios y entre otras cuestiones, se muestran más reacios a los cambios en tiempos de incertidumbre.