ANÁLISIS

Inimputable, pero no inocente

El fin del proceso penal no significa que el emérito no haya tenido una vida de lujo sin transparencia mientras aparentaba dedicación plena a su cargo

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El emérito Juan Carlos I en el Congreso, durante el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución

El emérito Juan Carlos I en el Congreso, durante el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución / Europa Press/Eduardo Parra

Que el rey emérito no vaya a ser perseguido penalmente no significa que esté exonerado de responsabilidad ética, política e institucional. Que no se pueda (o quiera) perseguir penalmente sus actividades durante años no significa que el anterior jefe del Estado no tenga pendiente una altísima cuenta con todos los españoles.

El fin del proceso penal no significa que no haya manejado mucho dinero oculto en paraísos fiscales durante años, que no haya utilizado medios del Estado con fines particulares, que no haya tenido una vida de lujo sin transparencia mientras aparentaba dedicación plena a su cargo. Que, en definitiva, no significa que no haya defraudado la confianza de los ciudadanos y que no haya hecho un daño irreversible a la institución, al Estado y a su hijo.

Él mismo ha admitido que es un evasor fiscal, que ha defraudado muchos millones cuando ha presentado sus declaraciones a Hacienda para regularizar lo que ocultó.

Al emérito ni siquiera le ha preocupado la impresión que los ciudadanos tengan de él. Ya mantuvo la ficción de la austeridad mientras hacía lo que luego se ha descubierto y ahora no le ha importado ir, precisamente, a Emiratos Árabes.

Hemos sabido que se pagó a Bárbara Rey durante años para que callara, hemos conocido que el CNI trabajó para callar a Corinna Larsen y hemos constatado que los sucesivos presidentes del Gobierno taparon las actividades del anterior rey, entre otras sonrojantes anormalidades democráticas.

Al emérito ni siquiera le ha preocupado la impresión que los ciudadanos tengan de él

No sabemos cómo paga los carísimos abogados de su proceso en Londres por la denuncia de Corinna. No conocemos si ha vuelto a recurrir al apoyo de empresarios o amigos, obviando que eso también hay que declararlo.

De hecho, tampoco sabemos en concepto de qué recibió durante años esas ayudas o regalos como aviones privados, viajes, casas y otros. O si se ha investigado que eso pueda ser un cohecho impropio de los atribuibles a quien ocupa un cargo público.

La Fiscalía General del Estado lleva investigando desde 2018, lo cual ya es anómalo, porque las propias normas de la Fiscalía restringen este tipo de procedimientos que carecen de garantías.

Hoy, no es posible disipar la sospecha de que hay una decisión expresa de utilizar a la Fiscalía para evitar judicializarlo en el Tribunal Supremo para hacer morir el caso, evitando recursos, publicidad y citaciones de testigos e imputados. Mejor investigar en secreto, aunque suponga cerrarlo en falso y sin opciones de recursos o acusación populares.

El precio a pagar es sacrificar a una institución como la Fiscalía y someterla a un desgaste enorme para salvar al anterior jefe del Estado.  

La Fiscalía archivará por aplicación de la inviolabilidad, por prescripción y por admitir las regularizaciones fiscales. Lo primero pone en cuestión una figura constitucional que, como se comprueba, favorece la impunidad.

Y respecto a la última, la Fiscalía estimará correctas las regularizaciones fiscales aunque es muy probable que ningún otro ciudadano tendrá nunca ese mismo trato, porque a nadie más se le permite regularizar cuando ya hay una investigación abierta. A él sí se le ha permitido.

El enorme daño ocasionado debería servir, al menos, para tomar medidas que eviten algo parecido en el futuro. Haciendo que la exigible ejemplaridad de quienes encarnan la institución no sea una mera declaración, sino que se se exija efectivamente con medidas que garanticen la transparencia. Empezando por un cambio legal que se estudió durante meses y que, finalmente, Zarzuela ha frenado con un injustificado empeño conservador.

¿Cuál es el problema de que los miembros de la Familia Real tengan un régimen de incompatibilidades y transparencia similar al de los altos cargos? ¿Por qué no podemos conocer los patrimonios y las declaraciones de la renta de todos ellos?

La Fiscalía estimará correctas las regularizaciones, aunque es muy probable que ningún otro ciudadano tendrá nunca ese mismo trato

Se ha demostrado que no sirven para nada medidas como el código ético que el actual Rey aprobó y que, por ejemplo, obliga a devolver regalos. El rey emérito lo ha incumplido claramente, sin reproche conocido.

El único pronunciamiento del actual jefe de Estado fue un comunicado emitido 2020 tras una información en la prensa británica, casi un año después de tener conocimiento de los hechos, para desmarcarse y anunciar una simbólica renuncia a la herencia y en el arranque de las duras medidas frente a la pandemia.

Y pese a todo, el anterior jefe de Estado sigue teniendo tratamiento de Rey. Para subsanarlo bastaría con que se promoviera una mínima reforma legal para actuar en coherencia con los terribles hechos que incluye el escrito del fiscal suizo y los que, según parece, incluirá el de la Fiscalía General del Estado.

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