Vacunación obligatoria: contra los discursos simplistas

El debate acerca de la vacunación obligatoria contra el coronavirus se plantea como un debate dicotómico en el que no se aceptan dudas ni matices. No obstante, se trata de una cuestión extremadamente delicada en la que no solo no es fácil sostener una postura cerrada sin titubear sino que no es responsable hacerlo. Existen buenos argumentos para defender ambas posiciones y, si lo que queremos es aproximarnos a una respuesta satisfactoria, por lo menos de forma provisional, debemos tomar todos los puntos de vista en cuenta.

Muchas personas consideran que obligar a alguien a hacer algo que no quiere, como vacunarse, es una agresión intolerable contra su autonomía corporal y su libertad individual. Siendo esto cierto, no es menos verdad que la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos está justificada en ciertos supuestos, cuando éstos violan los derechos o agreden a otras personas, por ejemplo.

En este caso, tenemos buenas razones para pensar que quienes se niegan a vacunarse no tienen derecho a convertirse en "armas biológicas" que expongan a los demás a un riesgo irrazonable de sufrir daño (Flanigan, 2014). Así, las políticas de vacunación obligatoria pueden justificarse sobre la base de que rechazar la vacunación es perjudicial para el resto de ciudadanos.

La libertad individual no justifica exponer a otros al virus, a pesar de que el riesgo de contagio en personas vacunadas sea bajo, incluso aunque no se pueda atribuir fácilmente la culpabilidad (de infectar a otros) a ningún individuo en concreto y aunque la persona no vacunada no tenga la intención de infectar a otros. (Brennan, 2018; Farivar, 2021).

El riesgo que una persona no vacunada supone para los demás es ciertamente bajo, sin embargo, cuando un número elevado de personas rechaza vacunarse, esto supone un riesgo para los vacunados, sobre todo si tenemos en cuenta que la vacuna, aunque reduce las probabilidades, no exime a los vacunados de ser infectados. Y existe una obligación moral de no participar en actividades colectivamente dañinas. En nuestro caso, ello requiere vacunarse.

No obstante, antes de aplicar una política tan restrictiva como la vacunación obligatoria, debemos hacernos varias preguntas. Si ésta es eficaz a la hora de reducir el riesgo de contagio (algo que parece estar quedando bastante claro); si hay remedios disponibles menos intrusivos para evitar el riesgo de contagio (llevar mascarilla, mantener la distancia social o realizarse test periódicos pueden ser algunos), o si este tipo de política puede conseguir los efectos deseados, esto es, que quienes no se quieren vacunar lo hagan.

Con tasas de vacunación cercanas al 70% en la mayoría de países de la Unión Europea, quizás deberíamos plantearnos que las vacunas deberían poder seguir siendo opcionales aunque con acceso restringido a actividades seleccionadas por parte de los no vacunados, o simplemente debiéramos enfocar nuestros esfuerzos en persuadir más que en castigar a quienes todavía no se han vacunado.