Si la vacuna no es obligatoria, ¿por qué imponemos el certificado?

Hay una aparente contradicción entre los hechos de que, por una parte, la vacunación contra el covid-19 no es obligatoria en nuestro país, y el que, desde las Administraciones y el mundo sanitario, se presione para que la mayor parte de la población se vacune.

Partimos de un hecho demostrado: las vacunas funcionan. Las vacunas y la cloración de las aguas son las dos medidas más efectivas y eficientes en la mejora de la salud de la gente. Según la Universidad Johns Hopkins, por cada euro gastado en vacunas se ahorran 40.

En salud pública no todo aquello que es válido a nivel comunitario lo es también a nivel individual. Ciertamente, hay personas vacunadas contra el covid-19 que se infectan. ¿No funcionan las vacunas? Lo que es real es que hay una fuerte correlación entre el porcentaje de personas vacunadas a nivel de Estado y una baja o muy baja letalidad. A más vacunados, menos muertos. Nos lo ha demostrado una reciente encuesta de la CE: todos los países con más de un 75% de la población vacunada tienen una letalidad inferior a 30 por millón. Bulgaria, con un 29% de vacunados, la cifra más baja de Europa, tiene la máxima letalidad: 325 muertos por millón, más de 81 veces la que tiene España con 4 muertos por millón, con un nivel de vacunación del 84%, uno de los más altos.

Si las vacunas funcionan evitando hospitalizaciones y muertos, ¿cómo es que no la hacemos obligatoria?

La legislación española respeta el derecho de cada uno a no aceptar las vacunas. Ahora bien, esta negativa tiene como límite el riesgo para la salud pública, es decir, aquellas circunstancias en las cuales la negativa pone en peligro a terceros. Hay una evidente colisión entre derechos individuales e interés público. Pero los derechos individuales se acaban en cuanto chocan con los derechos de los otros. Y, a nivel comunitario, es evidente que el derecho a no vacunarse choca con el derecho colectivo de no enfermar.

El hecho es que 21 países de la Unión Europea tienen establecida una obligatoriedad respecto a determinadas vacunas, especialmente en los colectivos infantiles y que, aun así, los países donde se ha establecido esta obligatoriedad no han llegado a resultados como los de Catalunya, en que, como ya se ha dicho, la vacunación no es obligatoria pero es mayoritaria. En cambio, se valora, fundamentadamente, que una imposición podría comportar un rechazo más fuerte hacia las vacunas, con los efectos adversos correspondientes.

Por lo tanto, si no se considera la obligatoriedad de la vacuna entre la población general, ¿cómo es que se imponen medidas limitadoras como el certificado covid para acceder a diversas actividades? 

Estamos ante un nuevo choque de derechos, pero ¿qué sentido tiene el certificado? ¿Garantiza que no podamos transmitir la infección?

El certificado dice si hemos pasado la enfermedad, tenemos un test negativo de menos de 14 días o si estamos vacunados correctamente. Recordemos que la fiabilidad de un test, a pesar de ser alta, no es total. Hay falsos negativos. También hay que recordar que la vacuna tiene una efectividad en torno del 90%, es decir, muy buena, pero en 10 de cada 100 vacunados no funcionará. Esta efectividad puede reducirse frente a las nuevas variantes del virus, como ómicron u otras. Aun así, hay que dejar claro que la vacuna es útil y necesaria; garantiza una buena cobertura y, en caso de infección, la evidencia es que la enfermedad sería más leve que sin vacunación. 

Haber pasado la enfermedad, tener un test negativo o haber sido vacunado no garantiza totalmente que no podamos transmitir la infección ni nos da la completa seguridad de no ser infectado. Acredita una situación puntual derivada de un proceso (vacuna, test o enfermedad), y no de un resultado (inmunidad y no infectividad). Además, el certificado puede dar una sensación de seguridad absoluta con la correspondiente relajación en las conductas de riesgo y los peligros que esto comporta.