Opinión | SOCIEDAD

Capital y trabajo

Trabajadores en una oficina en una imagen de archivo.

Trabajadores en una oficina en una imagen de archivo. / FERRÁN NADEU

Este domingo EL PERIÓDICO dedicaba su tema del día a la Gran Renuncia, ese sorprendente fenómeno estadounidense consistente en que, desde abril, cinco millones de ciudadanos abandonan mensualmente y de manera voluntaria sus empleos. Personas que prefieren malvivir de sus pocos ahorros o de las ayudas públicas a seguir trabajando en unas condiciones que consideran indignas. Se hace difícil imaginar una muestra más contundente del arraigado malestar en las sociedades occidentales. Si a este ejemplo añadimos cuestiones como, entre muchas otras, la eclosión de las patologías mentales o, en el caso español, esa cuarta parte de la población que se halla en riesgo de exclusión social, podemos llegar a la conclusión de que algo hemos hecho muy mal en las últimas décadas. Un desastre al que han contribuido en mucho las imperfecciones de una globalización tan acelerada como desgobernada. Y entre estas disfunciones, destaca la divergencia en la consideración del capital y el trabajo.

La libre circulación de los capitales, en un mundo abierto y sin un marco legislativo común, hace que estos se muevan incesantemente a la búsqueda del mejor rendimiento. Así, para atraerles se les debe garantizar un buen y regular dividendo, pase lo que pase. De esta manera, el rendimiento del capital ha transitado de ser un coste variable, a determinar en función de los resultados, a adquirir la condición de fijo. A su vez, esta economía global hace que, para muchas empresas, el fin último de su actividad se limite a la reducción sistemática de costes, una exigencia que puede no tener límites y que conlleva castigar a los salarios.

Este disminuir costes como único objetivo, con sus consecuencias directas sobre la calidad del empleo y su remuneración, acaba por quebrar a la sociedad. Una dinámica perversa que solo puede revertirse con un nuevo protagonismo del sector público, respetuoso con el libre mercado y sustentado en un amplio consenso empresarial y social. No se trata de recuperar viejas medidas proteccionistas o intervencionistas, ni tan siquiera de aumentar la presión fiscal, pero sí de entender que ante los fallos evidentes de los mercados globales es necesaria una aproximación pública innovadora y distinta de las conocidas. Solo así se podrá favorecer un mayor empleo y, especialmente, que quien trabaje pueda llegar a fin de mes. Tampoco es pedir tanto.

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