Adelanto electoral

En los últimos días, desde diferentes frentes, se ha instigado a Pedro Sánchez a que adelante las elecciones generales para hacerlas coincidir con las andaluzas -unos comicios sobre los que también planea la convocatoria antes de agotar la actual legislatura— y, así, dicen, el PSOE obtendría rédito electoral en ambos niveles: nacional y autonómico. Sería, llegado el caso, la segunda vez en nuestra historia reciente que se produciría este acontecimiento. Habría que retrotraerse 25 años, hasta las elecciones de 1996, donde sucedió algo similar: celebración conjunta de elecciones generales y andaluzas y, en ambos casos, sin haber consumido los cuatro años de la legislatura.

¿El resultado? En Andalucía, la mayor participación electoral hasta el momento en unas autonómicas (77,9%). El PSOE andaluz mejoraba sus datos con respecto a los comicios precedentes, aunque sin lograr la mayoría absoluta. En el conjunto de España, a pesar de darse una elevada participación -un dato que tradicionalmente ha beneficiado más a la izquierda- se producía la primera victoria del PP en unas elecciones generales que permitiría a José María Aznar alcanzar la presidencia del Gobierno. Hay quien aduce, y no sin falta de razones, que de no haberlas adelantado y hecho coincidir con las andaluzas, la derrota del PSOE en las generales hubiera sido más abultada y que, incluso, podría haber dado al PP la mayoría absoluta que logró cuatro años más tarde. Es posible. Al fin y al cabo, la capacidad de convocar elecciones anticipadas que existe en los sistemas parlamentarios como el nuestro (frente a los sistemas presidencialistas donde la fecha de los comicios está prefijada de antemano) no deja de ser un arma estratégica en manos de los presidentes. Los mandatarios fijan la fecha que consideran electoralmente más favorable a sus intereses: bien porque creen que les permitirá reeditar su presidencia, o bien porque piensan que, dado lo inevitable de la derrota, el adelanto electoral conllevaría menos costes políticos (como probablemente pasó en 1996 y, algo más recientemente, en los comicios convocados por Rodríguez Zapatero en 2011).

Es decir, el momento importa: conocer cuáles son las percepciones y las perspectivas políticas, sociales y económicas ayuda a justificar y a explicar las razones del adelanto electoral a los ciudadanos que, no olvidemos, son los principales interpelados. Pero, también, influye el tipo de gobierno: si goza de una mayoría o no; y si es un gobierno monopartidista o se trata de una coalición. Porque no es lo mismo poder decidir sin tener que contar con la anuencia de otras formaciones políticas, a tener que hacerlo con el consentimiento (por las buenas) o mediante ruptura (por las malas) entre los socios de gobierno.

En este sentido, tanto el Gobierno de Andalucía como el de España están actualmente conformados por coaliciones minoritarias (los diputados que aporta a la coalición cada uno de los partidos en el Gobierno no alcanzan la mayoría absoluta y necesitan, por tanto, otros apoyos parlamentarios extragubernamentales). Desde el punto de vista de la Ciencia Política comparada, ambos adelantos electorales entrarían dentro de la normalidad estadística: como analizó José María Maravall en su libro La confrontación Política, junto a los gobiernos monopartidistas en minoría y los gobiernos mayoritarios de un solo partido, los gobiernos de coaliciones minoritarias son los que en mayor medida tienden a adelantar elecciones.

Ahora bien, desde el punto de vista de las motivaciones y explicaciones, el momento es diferente. En Andalucía, el adelanto electoral podría ser cercano a los seis meses (una cifra que entra, también, dentro de la media comparada) y se produciría después de la imposibilidad, por falta de apoyos, de aprobar los Presupuestos de la comunidad. En el caso de España, sin embargo, la anticipación sería de casi dos años y tendría lugar cuando el Gobierno ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de cara al próximo año con el apoyo de 188 diputados del Congreso: han votado a favor nueve formaciones políticas además de las dos que conforman el actual gobierno de coalición. En un caso, Andalucía, se puede aducir como motivo para precipitar la convocatoria electoral la debilidad parlamentaria que impediría al Ejecutivo desarrollar el programa electoral. En el caso del Gobierno de España, no.

Por tanto, hoy por hoy, no parece suficientemente justificado un adelanto electoral en el conjunto de España: ni de cara a los ciudadanos ni de cara a los socios parlamentarios. Otra cosa es que, más adelante, el Gobierno se pueda llegar a plantear no llevar a término la legislatura si, como contaba EL PERIÓDICO DE ESPAÑA este martes, prevé un frenazo de la recuperación económica (lo que supondría que los ciudadanos tardarían más en percibirla). Pero sin duda, tendría que hacerlo con el consentimiento de su socio de Gobierno y con cierta condescendencia de sus socios parlamentarios. Y, por supuesto, explicándoselo a los ciudadanos, porque unas elecciones no deseadas y mal justificadas ya sabemos que pueden tener unos elevados costes en las urnas.