Contra la “patrimonialización” del espacio público

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, dos partidos que antaño lideraron las críticas contra la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el último ejecutivo de Mariano Rajoy, y que prometieron derogar, se encuentran en plena negociación para su reforma.

La pretendida reforma, aunque rebaja las expectativas que ambos partidos tenían cuando accedieron al Gobierno, no deja de levantar ampollas. Algunas de las enmiendas que incluye el borrador de reforma que han presentado preocupan especialmente a los sindicatos policiales.

Una de las preocupaciones de muchos policías es la intención de eliminar las sanciones por las manifestaciones no comunicadas previamente. La enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos reza así: “La carencia del trámite previo de comunicación, todavía pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”. Además, esta podría incluir un párrafo más, a saber: “La falta de comunicación previa no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

Se elimine la necesidad de comunicación de forma total o con alguna salvedad, es importante detenerse y analizar la retórica existente tras este punto.

Junto con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que castigaba hasta con 3 años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionasen a otros trabajadores a seguir una huelga, parte de lo que podríamos denominar una “patrimonialización” del espacio público. Esto es, la idea de que los intereses de aquellos que deciden convocar una huelga o manifestación deben tener una mayor consideración que los de aquellos que no las secundan. Una comprensión un tanto particular de los derechos y libertades individuales.

Si bien los derechos de huelga y manifestación, como extensión de la libertad de expresión, deben gozar de la máxima protección posible, su protección no puede colisionar con el también legítimo derecho individual a no sufrir coacción alguna para secundar una huelga, ni verse afectado por el desarrollo de manifestaciones no previstas que ocupen un espacio público que es tanto de los primeros como de los segundos.

El espacio público es un espacio compartido que, mientras no sea privatizado, todos tenemos el derecho de usar. Las normas que regulan el derecho a manifestación y establecen unos procedimientos para su realización existen precisamente para garantizar que ese uso compartido redunde en una convivencia pacífica. Así, la Administración tiene la obligación de garantizar la coexistencia de diversas personas con sus respectivos intereses en el espacio público.