Cumplir con la palabra dada

El Gobierno se ha comprometido a que, en promedio, las facturas de electricidad de los hogares durante este año 2021 sean equivalentes a las de 2018, descontando la inflación. Este compromiso se anunció en septiembre, en un momento en el que las previsiones auguraban una fuerte escalada de las cotizaciones de las materias primas energéticas para este invierno.

El Gobierno era consciente de la necesidad de contener el impacto de los costes energéticos, dentro de la apuesta por conseguir una recuperación justa tras la crisis sanitaria, de la que forma parte rebajar los recibos de la luz de las familias y proteger más a los más vulnerables.

El recibo de la electricidad se compone de tres partidas principales, el coste de la energía en el mercado mayorista, la fiscalidad y los costes fijos del sistema, y hemos actuado en todas ellas, con especial foco en las dos últimas, al ser las que tienen un mayor componente regulatorio nacional.

Las cotizaciones internacionales del gas empezaron a subir en primavera, y ya en junio empezamos a actuar en uno de los elementos del recibo, la fiscalidad, aprobando una rebaja del IVA desde el 21% al 10%, entre otras medidas, de modo que el importe de los recibos se contuvo durante el verano.

A la vuelta del verano, el gas ya multiplicaba por cinco su precio habitual, impactando en el precio mayorista de la electricidad, y se adoptó un Plan de Choque que profundizó en las medidas fiscales –la presión impositiva se ha reducido un 60%– y redujo otro elemento del recibo, los costes fijos, bajando los cargos en un 96%.

Sobre el tercer elemento del recibo, el precio de la energía, el Gobierno ha recuperado para los consumidores parte del exceso de retribución causado por el rally de los precios del gas y apuesta por la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la regulación del mercado interior de la energía de la UE.

Estas actuaciones benefician a todos los pequeños consumidores, tanto a los 16,2 millones que están en mercado libre como a los 10,5 millones acogidos a la factura regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

En el caso de los 1,2 millones consumidores vulnerables acogidos al bono social, además, se han añadido seis meses al plazo durante el que no se puede interrumpir el suministro por impago –diez meses en total– y se han ampliado los descuentos sobre sus facturas, desde el 25% hasta el 60% en el caso de las familias vulnerables y desde el 40% hasta el 70% en el caso de las familias vulnerables severas.

Todas estas medidas ya están teniendo efecto y las pueden comprobar los consumidores en sus facturas. A este respecto, los últimos datos del IPC pueden resultar equívocos por la metodología empleada tradicionalmente para incluir los costes eléctricos en la cesta de precios, que en la actualidad sólo tiene en cuenta el PVPC, que representa menos del 15% de la demanda eléctrica del país. El INE vienen trabajando para que los cálculos reflejen fielmente el coste real de la electricidad para los hogares, teniendo en cuenta todos los tipos de contratos del mercado.

Tomando como referencia los precios minoristas del mercado libre y del PVPC que las comercializadoras remiten periódicamente a Eurostat para que elabore las estadísticas oficiales de la UE, y considerando las previsiones de los mercados de futuros hasta final de año, estamos convencidos de que, gracias a las medidas adoptadas, el promedio de los hogares españoles, pagarán este 2021 una factura equivalente a la de 2018, descontado el efecto de la inflación.

El Gobierno, en suma, sigue trabajando por una recuperación justa, cumpliendo con la palabra dada y reforzando su compromiso con las personas.