Opinión | ANÁLISIS

Cita en València

Vamos viendo claro que no habrá posibilidad de enderezar ninguno de nuestros problemas sin hacer evolucionar el Estado autonómico

Yolanda Díaz, Mónica Oltra y Ada Colau.

Yolanda Díaz, Mónica Oltra y Ada Colau. / EFE

Cuando los historiadores elaboran el paso de la dictadura a la democracia, comprueban que la energía política de aquellos tiempos residía en las reivindicaciones territoriales. De forma correspondiente, lo que no estuvo previsto por los arquitectos de la Transición fue el devenir de los espacios autonómicos. En realidad, cualquier observador de la España contemporánea mínimamente objetivo percibirá que la construcción del Estado autonómico es la mayor innovación histórica del Estado español desde 1492. La historia de España fue un inmenso dispositivo destituyente desde los Reyes Católicos, que comenzaron la erosión de la constitución histórica de la monarquía hasta que, en 1714, se quedó prácticamente reducida a la institución de los gobernadores militares dirigidos por el gabinete de gobierno concentrado en tareas de Hacienda, Ejército y Diplomacia. Sólo con la creación del espacio autonómico se ha generado un proceso constituyente imprevisto y novedoso, que pone las bases para una evolución histórica abierta.

Aunque algunas fuerzas políticas tengan como principal tarea hacer reversible ese inicio de un proceso histórico y político nuevo, será muy complicado que tengan éxito en esta aspiración. Lo que ahí se ha generado ya no tiene vuelta atrás. También forma parte fundamental del entramado jurídico del Estado social de derecho. Sólo desde medidas de excepcionalidad imponentes, que nos sacarían de Europa, ese proceso abierto se podría hacer reversible. Pero mientras tanto, vamos viendo claro que no habrá posibilidad de enderezar ninguno de nuestros problemas sin hacer evolucionar el Estado autonómico. Por ahora, las fuerzas que se muestran dispuestas a ello son dignas de reconocimiento y constituyen la única transversalidad, dotada de suelo institucional, que ha sobrevivido a las invocaciones acertadas de los actores políticos que pusieron en circulación esta divisa.

Las instituciones valencianas juegan un importante papel en este proceso. Lo hacen porque han sabido dotarse de una representación política digna, que ha hecho olvidar tiempos pasados y recuperar el prestigio perdido entre la ciudadanía española. Este saludable hecho no se puede desvincular de la responsabilidad de las fuerzas que componen el Govern tripartito valenciano, desde luego. Eso ha ido dando confianza a los principales líderes políticos para iniciar una proyección estatal de sus actuaciones, convicciones y objetivos. Desde esa autoconciencia, las instituciones valencianas están llamadas a desempeñar un papel central en el futuro político de la evolución integral del Estado.

Se ha visto en la defensa completamente transversal en Madrid del Corredor Mediterráneo. Será difícil exagerar la relevancia de ese acto. Toda la construcción económica de la España bajo el franquismo estuvo diseñada por Román Perpiñá y a ella obedecieron los Planes de Desarrollo de López Rodó, en los que tuvo un papel central Juan Sardá. El esquema era de islas, polos, centros interiores (Valladolid, Burgos, Zaragoza, Sevilla) que se unían con salidas al mar en Bilbao, Vigo/Coruña, Cádiz, Málaga, Valencia y Barcelona. Ahí está el origen de la España vaciada. Pero sobre todo, este esquema partía de la posición central de Madrid. El Corredor Mediterráneo es la enmienda de este esquema y constituye la innovación más profunda desde el punto de vista de política económica, porque por fin se reconoce el formidable dinamismo que se viene formando en la periferia desde el siglo XVIII. Por eso tarda tanto en realizarse y por eso choca con fuerzas muy poderosas.

La capacidad evolutiva de ese corredor es convergente con la capacidad evolutiva del Estado autonómico e inseparable de ella. A su vez, será el enganche definitivo a Europa, alejando toda tentación de retraimiento. Es la misma batalla, y las fuerzas más reaccionarias saben que, si pierden una, será imposible ganar las otras. Si alguien quiere romper con el franquismo, como representación simbólica de la España arcaica, que apueste por estos frentes. Ellos son las promesas más ciertas de futuro para lo que nos estamos jugando en este nuevo ciclo, que es seguir avanzando como Estado democrático social de derecho.

Si el President Puig se ha mostrado especialmente activo en la construcción de esa transversalidad necesaria, y así lo ha reconocido Sánchez en el congreso de Alicante, la Vicepresidenta Oltra no podía quedarse atrás en esa proyección valenciana. A ella se debe en gran medida la realización del encuentro con DíazColauGarcía y Hamed. Dicho encuentro, que quería dejar claro la rúbrica de optimismo constructivo, resultó una expresión de voluntad de enmienda a la forma política que caracterizó el ciclo dominado por Iglesias. Sin embargo, para lo que interesa a mi reflexión, las reunidas no lograron exponer su idea política en relación con el tema de la evolución del Estado autonómico. Argumentaron representar a territorios y periferias, Barcelona, Valencia, Madrid, Galicia y Ceuta, pero no lograron transmitir para qué van a unir fuerzas. Sería prematuro pedírselo ya, pero es buena noticia que comiencen las conversaciones.

En todo caso, me resultó especialmente interesante escuchar a Mónica García hablar de Autonomismo del Bienestar. Muy consciente de que esa evolución del Estado autonómico de la que hablamos pasa por convencer a la ciudadanía de Madrid de que no va contra ella, sino contra una forma de comprender la relación de la capital con el resto del Estado que es disfuncional para nuestro futuro, la Sra. García está decidida a mostrar que el actual sentido de las cosas sólo sirve a intereses minoritarios, espurios, que encubren sus beneficios con ofertas ideológicas fanatizadas. En este sentido, la oferta de libertad de la Sra. Díaz Ayuso es una ilusión, en la medida en que se sostiene materialmente sobre una creciente desigualdad. Esto solo puede significar una oferta de libertad igualmente decreciente.

Si esta fuera la perspectiva común, habría base para revitalizar la vieja energía política a la que debemos nuestra Constitución democrática. Esto lo ven cada vez más actores. Alberto Rodríguez, que fue injustamente separado de su escaño, ya ha reconocido que su trato injustificable ha dejado sin voz a decenas de miles de canarios, y hará bien en trasformar su injusticia en una demanda de voz propia popular para Canarias. Sin embargo, esta iniciativa de convergencia y de federación de voces, tan necesaria, tiene un talón de Aquiles. Se llama Andalucía, lo que tratándose de la evolución del Estado autonómico no es cualquier cosa.

En Andalucía se dará la primera elección del nuevo ciclo y allí no hay prevista una iniciativa semejante. Nuestras políticas no deberían dejar pasar esa ocasión. La respuesta de Teresa Rodríguez para no entrar en estos encuentros no es adecuada, desde luego, porque no se trata de apoyar una «operación nacional», sino de otra cosa que ella, dentro de la conversación, podrá contribuir a definir. En un momento en que se ignora el tirón de Juan Espadas, quizá sea oportuno una oferta electoral que concentre el voto de la ciudadanía más dotada de conciencia andaluza propia, más sensible a las urgencias de los andaluces desfavorecidos y más representativa de la propia periferia andaluza, que también existe.