Ahora el CGPJ… pero bien hecho

La Constitución establece que una de las obligaciones de los Cortes es la de la elección de cargos institucionales. Y, obviamente, a los dos partidos que pueden formar las mayorías cualificadas necesarias en las Cámaras les es exigible que cumplan la Constitución y las obligaciones que se derivan.

Además, aunque no esté escrito en ninguna norma, deben cumplir esas funciones con la celeridad, dignidad y respeto a esas instituciones que deben renovar periódicamente.

Celeridad para cumplir los pactos que se establecieron en la Constitución, con la idea de obligar a consensos que sirvan para preservar esas instituciones de la batalla diaria.

Dignidad y respeto para no presentar candidatos con disciplina militante de los partidos que los proponen y, sobre todo, para buscar profesionales intachables y que no estén diariamente en las portadas de los periódicos por sus relaciones o sus actividades. Igual que en derecho existe la apariencia de imparcialidad, en política y, sobre todo, en la ética pública existe la apariencia de honestidad y la ejemplaridad de quien ocupa esos cargos fundamentales para el Estado de derecho.

La exigencia de celeridad ha saltado ya en pedazos porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial debía haberse producido hace ya tres años; la del Defensor del Pueblo se retrasó otros tres y la del Tribunal Constitucional tenía una demora insostenible.

Ese retraso y falta de acuerdo es importante porque termina por minar la credibilidad de las instituciones, llevándose por delante el respeto de los ciudadanos hacia cargos que debían haber sido renovados desde hace tanto tiempo.

En este caso, el PP ha ido dando diferentes excusas para no materializar un acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado desde hace años. Uno de ellos fue que no entrara Unidas Podemos en el acuerdo, pero ahora ha permitido que entre en la propuesta para el Tribunal Constitucional. Y el PP vetó candidatos al Poder Judicial, pero ahora no ha permitido que haya vetos a su propuesta para el Constitucional, forzando el trágala de los partidos del Gobierno.

Además, la pretensión de cambiar el sistema de elección del CGPJ no parece el mejor de los argumentos cuando el PP siempre ha pactado sobre este sistema y cuando no lo ha modificado en las legislaturas en las que contaba con mayoría absoluta para hacerlo. Es inevitable llegar a la certeza de que Pablo Casado actúa en este caso en busca de mantener una mayoría en el Consejo que le beneficia.

La dignidad y el respeto a las instituciones con candidatos intachables tampoco se ha cumplido con la reciente renovación parcial del Tribunal Constitucional. La propuesta del PP y posterior elección con los votos de PSOE y Unidas Podemos de un candidato como Enrique Arnaldo no respetan las instituciones. No solo por su clara adscripción, aunque hay precedentes de magistrados como Andrés Ollero, que primero fue diputado y luego magistrado del TC, sino también por las estrechas relaciones de Arnaldo con personajes como Jaume Matas, el político más veces condenado por corrupción. También por su dudosa compatibilidad entre su cargo de letrado en el Congreso y la relación con clientes de su despacho privado, como contó reiteradamente EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ya es curioso que el actual presidente del TC, Juan José González Rivas, haya pedido "virtud y decencia" a los diputados en la toma de posesión de Arnaldo.

Ahora debería ser el momento de no retrasar más la renovación del CGPJ, para frenar el deterioro de la institución y para evitar el colapso de la Justicia como consecuencia de la falta de acuerdo.

Pero la experiencia de lo ocurrido con Arnaldo debería servir también para aplicar la máxima pulcritud en la selección y que las comparecencias de candidatos en el Parlamento sean algo más que un trámite sin sentido. Y evitar también prácticas habituales como que los grandes partidos pacten también el nombre del presidente del CGPJ que deben elegir los propios vocales en su primera reunión.

Una vez hecha esa renovación, que se estudien las reformas legales que cada uno proponga o que se espere a que se logren las mayorías suficientes para cambiar el sistema. Pero primero que se proceda a la renovación, por imperativo constitucional y porque el colapso en el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales no permite más demoras y cálculos sobre conveniencias de los partidos.