El apaño político entre PSOE, PP y Podemos: una soberana vergüenza

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez (i) y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo (d) antes de comenzar el Pleno del Congreso.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez (i) y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo (d) antes de comenzar el Pleno del Congreso. / EFE

Somos 350 los españoles que tenemos el honor de formar parte de la institución donde reside la soberanía nacional. Jamás imaginé contarme entre ellos. Por eso, cada vez que preparo un discurso, medito poner en marcha una iniciativa o emito mi voto siento una enorme responsabilidad. Y siempre siempre la enorme satisfacción de poder seguir sirviendo a mi país, como llevo haciendo años fuera de la política, poniendo en ello todo mi tiempo y todas mis capacidades. No sé si alguien se habrá fijado, pero siempre cuando entro en el hemiciclo, miro hacia arriba y pienso que soy una persona muy afortunada.

El jueves pasado se consumó, en el Congreso de los Diputados, el mercadeo de las más altas instituciones constitucionales del Estado, llevado a cabo en despachos a puerta cerrada. Constituye una soberana vergüenza -nunca mejor empleado el adjetivo- comprobar cómo la mayoría de los diputados se alía en un trapicheo partidista para sacar adelante una votación en contra de la dignidad del propio Parlamento, de las instituciones cuyos puestos se cubren y del conjunto de la Nación.

Conviene constatar, para conocimiento de los españoles, quiénes han sido los autores de la infamia y cuáles las consecuencias de su obra. PSOE y PP empezaron el curso político celebrando sus respectivas convenciones de partido, ofreciendo a los ciudadanos sin carnet ni militancia una colección de descalificaciones al adversario y aprovechando su cuota de pantalla para abundar en el enfrentamiento entre españoles. Mientras esto ocurría en público, los máximos dirigentes socialistas y conservadores, Félix Bolaños y Teodoro García Egea, se reunían en privado para repartirse los nombres en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Que lo mercadeen todo a la vez da la medida de la concepción que tienen de la importante labor fiscalizadora que tienen las instituciones. Mientras, reformas de Estado ampliamente demandadas por la sociedad española permanecen en un cajón, porque para la Educación o el Empleo el bipartidismo no ve pertinente acordar nada.

Nada nuevo bajo el sol, salvo la mentira de un PSOE y un PP igual de viejos y rancios que siempre y que en campaña -ya lo verán- volverán a pedir el voto a los españoles denunciando que los políticos meten sus zarpas en las instituciones de todos. La misma hipocresía de estos últimos 40 años. Pero sucede que a los viejos partidos se les ha ofrecido un nuevo aliado, Podemos, que llegó dando lecciones de regeneración -y de varias cosas más-, y a la primera de cambio no ha dudado en pedir su trozo del pastel. El partido que prometía el asalto a los cielos, el de la gente común, una vez llegado al poder, quiere su parte de las instituciones que son de todos: el tripartidismo ha llegado. Y tenga el lector por seguro que será un miembro de Podemos el primero que estalle próximamente contra el “sistema reaccionario”, contra el “brazo judicial de la derecha” cuando la actuación del TC les perturbe su argumentario, siendo ellos mismos los que han participado en su configuración y reparto. Una vergüenza.

El sistema que ataca Podemos ha permitido a su formación pastelear esos nombres que los demás diputados conocimos a través de la prensa. Y cuando cada uno consiguió las sillas para sus amigos, la Presidenta del Congreso nos comunicó oficialmente a los grupos ¡que se abría el plazo para presentar candidatos! Este ridículo da la medida de lo viciado que está todo el procedimiento de selección cuya reforma llevamos años reclamando en Ciudadanos. Para los liberales, no son los nombres concretos el único problema sino la absoluta desfachatez con la que se mina la separación de poderes y se potencia la injerencia política en los órganos constitucionales del Estado, en un proceso en el que el mérito y capacidad de los candidatos consiste en los servicios prestados al partido que te nombra. Sólo así se explica que candidatos como Enrique Arnaldo, cuya evidente idoneidad para el cargo ha sido demostrada por este periódico, puedan ser barajados por encima de otros juristas de prestigio. Antes incluso de que se conociera el detalle de dichas informaciones, pude expresarle en primera persona, mirándole a la cara, en la Comisión de Nombramientos del Congreso, la oposición de los liberales españoles a legitimar semejante infamia.

Pero no ha sido sólo Arnaldo lo que nos ha llevado a Cs a denunciar la infamia, pues es difícil encontrar en el reparto a personas que no guarden vínculos estrechos con personas en el Gobierno, en el PP o en Podemos. Arnaldo, amigo de Pablo Casado; Espejel, recusada en la Gürtel por no ser imparcial, amiga de Enrique López, también recusado; Montalbán, próxima a ministras socialistas; el abogado del caso Neurona de Podemos; Ramón Sáez, amigo de Enrique de Santiago, Secretario General del PCE, cuyo nombramiento fue efusivamente celebrado por uno de los abogados de Puigdemont. Un fantástico negocio para el interés general de España, vaya. Con este apaño político, no sólo tendremos que seguir oyendo lo que digan los magistrados progresistas, los conservadores o los podemitas, desacreditando así las decisiones de estos importantes órganos -con lo que eso duele a un jurista como yo-, sino que además salen reforzados los intereses de quienes quieren destruir nuestra democracia. En el Tribunal de Cuentas no se renueva a Margarita Mariscal de Gante, quien con más ahínco ha perseguido los delitos de malversación de los líderes separatistas, mientras se mantiene a Dolores Genaro que opinaba que no había infracción alguna. Ahora, ese órgano deberá decidir sobre los avales ilegales de la Generalitat a los golpistas indultados por Pedro Sánchez. Y todo con la cooperación necesaria del PP, dispuesto a prestar oxígeno al populismo comunista y al nacionalismo con tal de no renunciar a los sillones que le tocan. Y claro es que los tres partidos a que nos referimos tienen un complicado calendario judicial por corrupción.

Los liberales españoles jamás participaremos de este despropósito y estamos seguros que la inmensa mayoría de los ciudadanos ni aplaude ni tolera este ataque a sus instituciones. Desde luego, parece evidente que la siguiente en caer será la joya de la corona: el CGPJ que durante décadas PSOE y PP se han repartido sin reparos. Porque no nos conformamos, porque hay solución a este problema grave, hemos registrado una ambiciosa ley de Despolitización Integral del poder judicial y de los órganos constitucionales, que establece incompatibilidades claras e impide que volvamos a tener en España más Arnaldos, otro reparto del poder judicial u otro episodio de refuerzo de las demandas separatistas en las instituciones de todos. Una ley, por cierto, que recupera nuestra iniciativa de despolitización de la Fiscalía General a la que se opuso el PP en 2018 y que hubiera evitado el nombramiento de Dolores Delgado.

Vista la voracidad con la que el bipartidismo y Podemos se cobran su tajada a costa de la neutralidad de las instituciones de todos, renunciando a que los mejores sean los que las dirijan y gobiernen, a costa de la separación de poderes, no podemos fiarnos de ellos: hay que obligarles por Ley a la elección de candidatos capacitados e independientes, en lugar de afines políticamente. Aunque lamentablemente, quizás haya que esperar a una campaña electoral para verles saludar una propuesta que, si pueden, volverán a incumplir.

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