ANÁLISIS

Condicionalidad y déficit democrático

¿Se puede comprometer el futuro de los españoles sin ni siquiera explicarlo y debatirlo en el Congreso?

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Condicionalidad y déficit democrático

Eduardo Parra

Nada más acabar el miércoles un debate de más de cuatro horas en el Congreso sobre Europa, el Gobierno hizo público el documento de 300 folios en inglés con el contrato firmado con Bruselas para la llegada de fondos europeos durante los próximos años.

Cuando los portavoces y el propio presidente del Gobierno hablaban de Europa en la tribuna del Congreso no se conocía el texto que marcará las relaciones de España con Bruselas en los próximos años y que fija las condiciones para la llegada de 140.000 millones. También establece la monitorización permanente desde las instituciones de la UE.

Ese acuerdo ha sido firmado por Pedro Sánchez sin que se haya producido debate alguno en el Congreso. De hecho, no ha habido siquiera explicación pública del Ejecutivo sobre los detalles negociados y acordados con Bruselas. Y no será porque el líder de la oposición no lo haya pedido reiteradamente.

Lo que sí ha habido es una sucesión de declaraciones del propio presidente y otros miembros del Gobierno negando que se vayan a tomar decisiones que luego se comprueba que sí han sido comprometidas con Bruselas. Por ejemplo, aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, algo que puede suponer recortes para muchos futuros pensionistas; una medida negada reiteradamente desde el Gobierno, pero reflejada en el acuerdo revelado el miércoles. Y de nuevo matizada este jueves tras la publicación del documento.

¿Se puede comprometer el futuro de los españoles sin ni siquiera explicarlo?

Moncloa explica que ese cambio en las pensiones es una traslación de las conclusiones del Pacto de Toledo y, por tanto, una propuesta del Gobierno y no una imposición de la UE. Pero, en todo caso, admite que supone oficializar una posición. Es decir, se pone negro sobre blanco lo que antes era interpretado como un globo sonda.

De esta forma tan poco transparente, unos días se admite que se establecerán peajes en las autovías, otros días se niega que se vaya a hacer y otros se cuenta que Bruselas exige el establecimiento de esas tasas.

¿Se puede comprometer el futuro de los españoles sin ni siquiera explicarlo y debatirlo en el Congreso?

En países como Italia, todo lo referente a los fondos y las condiciones exigidas por Europa se somete al Parlamento y se vota previamente. En España se negocia, se firma como compromiso irrenunciable, no se debate en el Congreso y se hace público sin la menor explicación.

Se hace así, a pesar de que el acuerdo contiene medidas que comprometen a varias legislaturas y que son de obligado cumplimiento, porque incluye mecanismos de revisión y control desde Europa que podrían suponer la retirada de fondos si un Gobierno posterior revierte las reformas en los próximos años.

Lo más que se hizo en abril fue una ronda de reuniones reservadas de la vicepresidenta Nadia Calviño con cada uno de los portavoces, sin entrar en detalles sobre las medidas pactadas con la Unión Europea y, por supuesto, sin entrar negociación o búsqueda de consenso alguno. El documento no ha sido remitido al Parlamento.

De hecho, el Gobierno se compromete a esas reformas que condicionan los fondos sin tener asegurada la mayoría parlamentaria necesaria para sacarlas adelante. ¿Qué ocurre si se llevan las reformas al Congreso y el Senado y no tiene votos suficientes? ¿No es la firma del documento en sí misma un acto para forzar un trágala parlamentario? ¿Quién va a votar en contra si eso supone perder los fondos?

De hecho, hace casi un año, la vicepresidenta Nadia Calviño tuvo una discusión con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en la Moncloa, porque la ahora número dos del Gobierno explicaba al sindicalista que reformas como la de las pensiones o la reforma laboral tienen que salir adelante, porque son condiciones impuestas para la llegada de los fondos.

En público, falta transparencia hasta en el uso de los términos que definen el acuerdo. Así, la palabra “condicionalidad” está en la lista de términos prohibidos por los gobernantes en España en estas situaciones. Con ello intentan hacer creer a los ciudadanos que los fondos que llegan de Europa no parten de la aceptación de condiciones ineludibles. Así lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy cuando se produjo algo muy parecido a un rescate y ahora lo hace el de Pedro Sánchez con el contrato firmado con Bruselas para la llegada de fondos europeos.

No hay noticias de un Pleno monográfico para debatir el acuerdo. Como no las hay del debate sobre el estado de la nación, que no se celebra desde 2015.

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