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Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / EFE

Acerca de la importancia del Tribunal Constitucional hay poco que decir. Es un órgano que ha estado en el centro de todos los conflictos territoriales y sociales de los últimos años. Es sabido que la constitución fue un pacto entre ideologías muchas veces contrapuestas y de ahí la ambigüedad o falta de concreción de algunos preceptos. De su interpretación depende la orientación territorial, pero sobre todo social que se pueda dar a muchas políticas. Nos sobran ejemplos, desde la educación segregada a la prisión permanente revisable. Cabe esperar que las sentencias constitucionales se sometan a reglas acotadas por el acervo comunitario y por la interpretación del derecho internacional, especialmente en lo relativo a la interpretación acorde a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Sin embargo, en España asistimos a un cierto nacionalismo judicial abanderado por posiciones extremadamente conservadoras que se han atrincherado especialmente en la judicatura y en algunas profesiones jurídicas. Desde esa trinchera se toma como una injerencia cualquier interpretación internacional, por muy fundada que esté en derecho, que sea contraria a posiciones atadas sobre todo a la piedra inamovible de la unidad de España o la Monarquía. Se olvidan que la justicia emana del pueblo y destacan, incluso en el encabezamiento de sus sentencias, que se administra en nombre del Rey tomando literalmente partido por interpretaciones constitucionales que están fuera de la Constitución en relación a la legitimidad del ejercicio de juzgar.

"El derecho es en sí conservador. Es una creación religiosa de fórmulas rituales destinadas a aplacar a los dioses para conservar su favor. Si hacemos lo mismo de la misma manera, la vida seguirá correctamente. Cambiar es siempre un riesgo. Hoy se le llama seguridad jurídica"

Para eso no hacen falta juristas, hacen falta soldados. Hace falta un tipo especial de personal que sea capaz de revestir con argumentos jurídicos posiciones partidistas previamente tomadas, por muy sectarias que sean. Hace falta gente transite con suavidad los límites éticos que rozan el siempre resbaladizo tráfico de influencias a fin de dirigir un procedimiento hacia el efecto deseado dentro de una estrategia política amplia. A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con juristas conservadores a los que respetamos profundamente. El derecho es en sí conservador. Es una creación religiosa de fórmulas rituales destinadas a aplacar a los dioses para conservar su favor. Si hacemos lo mismo de la misma manera, la vida seguirá correctamente. Cambiar es siempre un riesgo. Hoy se le llama seguridad jurídica. Romper estas dinámicas es complicado y exige un plus de argumentos. Siempre es más difícil ser progresista. Exige más creatividad y más habilidad crear imaginarios jurídicos para que las cosas cambien. Sin embargo, las creaciones jurídicas son muy potentes como convención social. Cambian el mundo. Esa es la lucha que aceptamos. Aspiramos a poder convencer y admitimos ser convencidos. Y sabemos que hay juristas muy conservadores que sin embargo tienen una gran honestidad intelectual. El pensamiento crítico es el que genera independencia.

Cuando aspiramos a nombrar a alguien para ser magistrado del Tribunal Constitucional lo hacemos bajo el presupuesto de que es una persona honesta intelectualmente, preparada jurídicamente, con sentido crítico y por lo tanto con capacidad y criterio para ser independiente. Es decir, para tratar de convencer y ser convencido, de tal manera que las sentencias no son de nadie sino resultado del debate. A eso podemos y debemos aspirar en una sociedad democrática. No nos merecemos menos. Cualquier pacto que obvie esta finalidad es un pacto espurio, aunque le den los números. Durante mucho tiempo el pensamiento bipartidista se ha ido deslizando hacia el todo vale, en una suerte de negociación basada en no vetar a los incapaces propuestos por otro partido mientras tú no me vetes a los míos. Esto al final ha derivado en no pocas ocasiones en un criterio de selección adversa, con brillantes excepciones.

Primero se amenaza con bloquear y después se pacta para alivio de todo el mundo. Qué se pacta y a quién se coloca es lo de menos. La posición de muchos diputados y diputadas que han formado parte de Unidas Podemos y que han tenido responsabilidades en materia de Justicia, y la nuestra en particular, no niega el pacto. No niega las condiciones de posibilidad sobre las que tiene que operar la política en ocasiones. Pero desde luego es muy firme en algunos aspectos de fondo. En primer lugar, más allá de la aritmética parlamentaria, la composición de los órganos constitucionales y en este caso el TC tiene que reproducir la deliberación y los matices existentes en la sociedad y en segundo lugar las personas que ocupen ese cargo deben de tener un mínimo nivel acreditable por su trayectoria y circunstancias. Sin esos dos aspectos mínimos no hay nada. Y en este acuerdo al que se ha llegado no hay nada. Porque cuando como parte de ese acuerdo se imponen personas con una trayectoria partidista tan acusada como Enrique López, en su momento, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo ahora se está optando por incluir al TC como parte de la estrategia partidista de combate político y se está aceptando que sea así.

Y no aceptamos que sea así de ninguna manera. Porque el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía, es sencillamente inasumible. Porque la institución entra en el juego de las recusaciones para obtener mayorías ad hoc que ya se inició con el Estatut en el caso de Pérez Tremps. Porque si lo que se argumenta es que de no producirse este intercambio sencillamente estamos dando por bueno que el TC tumbará leyes progresistas, estamos dando por bueno que el mundo que hay es el único posible, y para eso nos vamos a casa y que sigan haciendo política los de siempre, los que son especialistas en mundos posibles. En el caso de Enrique Arnaldo, en particular, hay una prensa libre que ha hecho su trabajo. Nos ha dicho quién es y lo que ha hecho. Nos ha dicho lo que es capaz de hacer y lo que va a hacer, la función que va a desempeñar en el TC. Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada. 

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