La disputa por Trabajo

«Le hago una nueva propuesta. Alguien muy relevante de su partido, con mucha autoridad moral en el PSOE, me acaba de poner un mensaje: pídele que os ceda las políticas activas de empleo. Pues bien, renunciamos al ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo». Estas palabras de Pablo Iglesias dirigidas a Pedro Sánchez minutos antes de que se llevara a cabo la segunda votación de investidura del líder socialista en julio de 2019 tenían como objetivo cerrar un acuerdo in extremis para la conformación del primer Gobierno de coalición nacional en España que evitara la repetición electoral.

El resultado todos lo sabemos: no hubo acuerdo, se repitieron las elecciones, los dos partidos obtuvieron peores resultados, llegaron a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición (numéricamente más débil que el que podían haber firmado meses atrás) y la cartera de Trabajo pasó finalmente a manos de Unidas Podemos, aunque el ministerio que asumió Yolanda Díaz heredaba menos competencias que el dirigido por su antecesora, la socialista Magdalena Valerio. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, que dijeron algunos. O quizás sí, porque no hay mejor pegamento para una coalición que la debilidad individual de los partidos que la componen. Como diría la ministra de Trabajo, el actual Ejecutivo no está en riesgo porque “no hay alternativa a este Gobierno de coalición".

En todo caso, con la llegada del nuevo multipartidismo competitivo hemos experimentado en primera persona aquellas cuestiones que leíamos en los manuales de Ciencia Política y que solo podíamos observar en algunas democracias cercanas..., bueno, o en algunas de nuestras Comunidades Autónomas. Por ejemplo, la discusión no sólo por el número de carteras que le deberían corresponder a cada socio de un Gobierno de coalición, sino, también por cuáles. En el primer caso, se ha confirmado, una vez más, la Ley de Gamson (llamada así por el sociólogo que la formuló en 1961, William A. Gamson, fallecido este mismo año) según la cual el porcentaje de ministerios que obtiene un partido político en un Gobierno de coalición debe guardar proporcionalidad no con el número de votos, sino con el número de escaños con el que cada uno contribuye a dicha coalición (en este trance también se ha confirmado, por cierto, otro hecho habitual: los Gobiernos de coalición tienden a ser más numerosos que los monocolores formados por un solo partido).

¿Y qué pasa con el reparto cualitativo: quién se queda con qué ministerio? Lo habitual en este sentido, es que el partido mayoritario dentro de la coalición sea quien ocupe los ministerios más importantes, de mayor peso político: principalmente la(s) cartera(s) de Economía y Hacienda que son transversales (volvemos a recordar las palabras que el canciller Helmuth Kohl le dijo a Felipe González allá por los años 80: “Todos los gobiernos son de coalición, de todos los ministros contra el de Economía”). Y, también, lo comprensible -y lo habitual según han demostrado no pocos estudios- es que los partidos aspiren a conseguir aquellas carteras ministeriales más estrechamente vinculadas a sus propuestas políticas estrella.

Un partido ecologista preferirá, en un primer momento, el ministerio de Transición Ecológica antes que el de Interior o Justicia. Esta especialización de los Gobiernos de coalición es más fácil cuando cada partido tiene un electorado más o menos diferenciado. Por ejemplo, la tradicional gran coalición en Alemania conformada por los conservadores CDU/CSU y el socialdemócrata SPD. ¿Pero qué pasa cuando los socios de Gobierno son ideológicamente cercanos y aspiran a conquistar a un mismo electorado? Pues que hay una serie de ministerios que son deseados por ambas partes casi en la misma medida porque del éxito de la gestión de esas carteras puede depender recabar más o menos votos en las siguientes elecciones.

En este marco es en el que hay que encuadrar los roces que se han producido entre PSOE y Unidas Podemos en torno al ministerio de Trabajo en las últimas semanas -y que no son nuevos tal y como ha quedado reflejado en el inicio de este artículo-. Ninguno quiere quedarse fuera de los grandes éxitos de la legislatura y ambos pretenden aparecer como los muñidores de los grandes acuerdos de la legislatura de cara a sus votantes, actuales y potenciales. Y uno de ellos, sin duda, es la derogación de la reforma laboral del anterior Gobierno del PP: uno de los puntos más importantes del acuerdo de Gobierno de coalición que firmaron en diciembre de 2019.

Es probable que en lo que queda de legislatura -ahora que se alcanza el ecuador de la misma- asistamos a un aumento de las disputas entre los dos partidos que integran la coalición: tanto PSOE como UP quieren cargarse de razones y argumentos para cuando llegue la gran rendición de cuentas: las elecciones. Pero deberían ser cuidadosos y generosos entre sí, porque en el actual bibloquismo imperfecto ambos partidos se necesitan y el desinfle electoral de uno de ellos puede suponer el paso a la oposición de los dos.