La peor crisis

El Gobierno está en un momento muy delicado porque el aumento del precio del gas natural y de la electricidad está tirando abajo las previsiones de crecimiento en todo el mundo. Las expectativas económicas –con rebrote de la inflación– son hoy peores que en julio y ayer mismo el gobernador del Banco de España avisó de que recortará bastante el crecimiento de este año y de 2022.

Y en este momento, cuando está en el aire la aprobación de los presupuestos de 2022, que garantizarían la legislatura, a Pedro Sánchez le ha estallado en la cara la peor de las crisis posibles con Podemos, la de la derogación, o reforma, de la reforma laboral de 2012 de Rajoy.

Vamos al grano. El fondo de la cuestión no es si la negociación con los interlocutores sociales es dirigida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La clave es que la nueva normativa laboral no puede ser contraria a lo que las instituciones europeas –Comisión, Consejo y BCE– creen necesario para crear empleo. No podemos querer los 140.000 millones del plan de regeneración europeo y que el BCE siga ayudando a financiar el déficit causado por los ertes y otras medidas sociales contra la pandemia, y decirles después –con, siempre, la tasa de paro más alta– que sabemos mejor que nadie qué hacer para generar empleo. Aplaudir que “los hombres de negro” paguen y exigirles luego que se callen.

Esa es la cuestión. Lo ha dicho Gentiloni, el comisario de Economía que este lunes estuvo en Madrid y que fue primer ministro de Italia, se necesita “un equilibrio entre seguridad y dinamismo económico y no es nada subjetivo, son las decisiones del Consejo Europeo que acompañaron la aprobación del plan español, muy generoso en subvenciones”. 

Sánchez tiene culpa por haber hablado en exceso de “derogar la reforma de Rajoy” (la última vez en el congreso del PSOE) y por dilatar el asunto para aplazar fricciones con Podemos. Pero el plazo, fin de año, se acerca y Yolanda Díaz estaba pactando con UGT y CCOO, pero dejando al margen a los empresarios y a costa de la flexibilidad.

Al final, Sánchez –Calviño mediante– ha tenido que hacer frente a un problema que tiene tres premisas. Una, la reforma de Rajoy se puede cambiar (cosas tan lesivas como el despido por inasistencia de trabajadores con baja laboral ya se eliminaron), pero la Comisión y el BCE creen que flexibilizó el mercado de trabajo y creó empleo. Y los datos están ahí. Dos, la futura legislación debe promover menos temporalidad y mejores salarios, pero sin restar flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar a la coyuntura. Tres, una reforma pactada a tres (Gobierno, sindicatos, CEOE) sería bien vista en Bruselas. Un acuerdo solo a dos (Gobierno-sindicatos) tendría serios problemas.

Por eso Sánchez –tarde y mal– ha tenido que intervenir. Pero a Yolanda Díaz le importan menos las realidades europeas. Le han permitido un camino y no quiere dar marcha atrás. Y los sindicatos amenazan con movilizaciones. Que Podemos pida además la dimisión de Meritxell Batet por el caso de su diputado inhabilitado es solo la espuma, pero indica que la crisis es seria. Podemos puede acabar tragando porque no le interesa abandonar el Gobierno, pero entonces gritará que el PSOE es el culpable de no haber cumplido el programa pactado y de haberse rendido al capital.

Son las tristes consecuencias de que la confusión haya sido un componente de la coalición que ha gobernado España los últimos y muy difíciles 22 meses.