La prostitución no es libertad

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Prostitución en una carretera, en una imagen de archivo.

Prostitución en una carretera, en una imagen de archivo.

Entre 40 y 42 millones de mujeres y niñas del mundo se ven forzadas -por distintas razones- a ejercer la prostitución. La inmensa mayoría de los clientes de esta actividad, profundamente unida al crimen internacional, son varones. Afortunadamente, hay pocas corrientes de opinión en contra de perseguir este tráfico de mujeres y niñas -las más vulnerables- para la explotación de sus cuerpos. El verdadero debate se plantea ante la idea falaz de que existe un ejercicio de la prostitución que es libre y voluntario. Lo cierto es que si hay mujeres que se prostituyen de manera completamente autónoma deben ser una absoluta minoría cuya realidad no es extrapolable a la de la inmensa mayoría de las mujeres prostituidas en el mundo y en España. Separar la trata de mujeres y niñas del lucrativo negocio que representa la industria de la prostitución no es ni real ni riguroso (en España se calcula que la industria del sexo pagado mueve entre 20.000 y 22.000 millones de dinero negro al año).

Los países europeos mantienen muy diversos enfoques ante el fenómeno de la prostitución. Desde la prohibición que sanciona a los clientes (Francia, Irlanda, Suecia) a la legalización total (Alemania, Austria, Holanda), hay casos como el español (también Italia, Polonia, Finlandia) en los que se ha optado por la tolerancia alegal. Y, así, los datos de las organizaciones especializadas como APRAMP* (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) señalan que 4 de cada 10 españoles es consumidor de prostitución. Además, España es el primer país europeo en consumo de prostitución y el tercero en el contexto mundial.

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La Policía Nacional, por su parte, confirma que el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país lo hace de manera forzada y que el 50% de ellas se inició en ese oscuro mercado siendo menor de edad. En Alemania, que ha regulado la prostitución, separando el delito de tráfico de mujeres del ejercicio del proxenetismo, el registro cuenta con 400.000 mujeres prostituidas; el 95% de ellas extranjeras provenientes de regiones empobrecidas del Este de Europa o del continente africano. Es evidente que la llegada a la República Federal de todas esas mujeres sólo puede explicarse a través de las rutas ilegales de los traficantes de personas. Es difícil discutir que el ejercicio de la prostitución - casi en su totalidad- no sea una de las manifestaciones más lesivas de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la discriminación de clase. Pretender que las mujeres más vulnerables de nuestras sociedades tienen la posibilidad de “elegir libremente” alquilar su cuerpo a un proxeneta para que este lo ofrezca a los clientes es una gran falsedad. También se ha dicho, durante mucho tiempo, que las mujeres que se dejaban golpear por sus maridos lo aguantaban porque querían.

Es urgente enviar, desde los poderes públicos, un mensaje legal de reproche hacia las prácticas que favorecen el comercio sexual. Una sociedad justa no debe consentir que las niñas y las mujeres se puedan comprar y vender y que sus cuerpos se alquilen por horas.