¡Protejamos a los niños!

Las niñas y los niños son personas y, como tales, sujetos de derechos. Tienen derechos en nuestro ordenamiento jurídico y los tienen también por la Convención de los derechos del niño que España, junto a otros países, ha firmado y se ha comprometido a cumplir.

Las niñas y niños tienen derechos incluso a pesar de sus padres. Esto conviene recordárnoslo como sociedad porque, a veces, se nos olvida en el ámbito familiar. Nuestros hijos no son nuestros en el sentido de ser algo de nuestra propiedad, no son un objeto, o un sujeto carente de derechos u opinión que deba ser escuchada. Por eso, por ejemplo, tienen derecho a la educación, incluso aunque nosotros no queramos. Si yo quisiera darle una paliza diaria a mi hijo, no podría, porque está mal y porque hay una ley que me lo impide. Si quisiese tenerlo en una cueva, sin ir al colegio, no podría. Porque él tiene derechos, como el derecho a ser educado, incluso a pesar de mí.

"Si yo fuese una odiadora, racista, xenófoba y homófoba, mi hijo tendría derecho a ser educado en igualdad y tolerancia, incluso a pesar de mis ideas"

Esto podemos llevarlo más allá. Si yo fuese una odiadora, racista, xenófoba y homófoba, mi hijo tendría derecho a ser educado en igualdad y tolerancia, incluso a pesar de mis ideas. Él tendría una determinada educación en casa, pero tendría derecho a poder elegir su propio camino cuando sea adulto, porque habría podido acceder a una educación que es igual para todos, y no solo a unas determinadas ideas que yo pueda transmitirle en casa. Esto es lo que hacemos como sociedad para proteger a nuestros niños y niñas y, en la medida en que seamos más exigentes en su protección, más altura moral tendremos como país.

Esta semana la Ley integral de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una ley que quiere proteger a nuestros niños y niñas de agresiones, violaciones, vejaciones, discriminaciones, bullying, ciberacoso y otros tipos de violencia. Una ley que les proteja fuera y dentro de casa. Una ley que pone mucho peso en la prevención y en la educación para frenar la violencia. Una ley que a algunos no les gusta. No les gusta porque sus hijos no son libres, son suyos de su propiedad, ergo sin derechos.

Ha sido la ley con más apoyo de toda la legislatura. Todos los partidos menos VOX votaron a favor. De hecho, sorprende que algún partido pudiese no estar a favor de proteger a la infancia de la violencia. Pero, no solo no estaban de acuerdo, la han llevado ante el Tribunal Constitucional por dos motivos: primero porque propone la educación afectivo-sexual, que es la que pretende, por ejemplo, eliminar los roles de género que hacen de menos a las niñas, la que pretende establecer relaciones sanas entre iguales, la que enseña respeto. Eso no lo quieren. En segundo lugar porque la ley propone la parentalidad positiva, este concepto pretende que los niños y niñas gocen de un entorno que les permita crecer libres de violencia. Eso tampoco lo quieren.

Vox no quiere que niñas y niños aprendan a tener relaciones respetuosas, ni que vivan en un entorno libre de violencia. Y lo lleva al Constitucional. No lo entiendo. O no lo quiero entender. Porque hay cuestiones que deberían quedar fuera del espacio de confrontación partidista. Porque no todo vale.