El calvario de un comerciante en Avilés para cerrar su negocio: "Me rindo"

El emprendimiento es una gran barrera que se ha abierto hoy día. Situaciones como la inflación están dando lugar a algunos casos como cierres de negocio, debido a las subidas de las facturas muchas veces insostenibles que los emprendedores y comerciantes deben soportar. Es el caso de este negocio, que fue abierto en octubre de 2022 en Avilés y que, pocos meses después, debe ser cerrado.

La historia se repite: ciudadano enfrentado a la maquinaria inmisericorde de la Administración Pública. En este caso, de un lado, el pequeño empresario Guillaume Angibaud, que abrió en octubre de 2022 una tienda de reparación de teléfonos móviles en la calle Palacio Valdés; enfrente, el área de Licencias y Diseño Urbano del Ayuntamiento de Avilés. Salvo sorpresa, el resultado de este duelo será la derrota del ciudadano, que la anuncia así: "Me rindo, en seis días cierro la tienda antes de que lo haga el Ayuntamiento, tal y como me han advertido que ocurrirá".

"Documentar la obra"

Guillaume Angibaud regenta sendas tiendas de la franquicia "Manzana rota" en Asturias –la de Avilés y otra en Gijón– y el cierre de la avilesina le supondrá un duro quebranto económico: "Aparte de los 23.000 euros de inversión de arranque, he desembolsado una media de 4.000 euros mensuales para mantener la tienda abierta. Y, lógicamente, aún no se ha producido retornos de ese dinero porque el negocio acaba de abrirse, aún no ha tenido tiempo a madurar".

La tienda de Angibaud abrió sin novedad administrativa previa presentación de una declaración responsable, una herramienta que el Ayuntamiento de Avilés pone a disposición de las pymes para agilizar los trámites previos al inicio de actividades económicas. La pesadilla –el "calvario", en palabras del empresario– empezó cuando el servicio de Licencias y Disciplina Urbanística comunicó la imposibilidad de dar licencia de actividad porque el local de la tienda había sido objeto de una reforma efectuada sin licencia y, por tanto, está pendiente de "legalizar". En esa comunicación se daba un plazo de dos meses para regularizar la situación sin pena de sanciones y la clausura de la actividad.

El empresario pidió explicaciones a su casero (ocupa el local en régimen de alquiler) y este a su vez al promotor que se lo había vendido, la sociedad "La barquería de Soto". En esos días se tuvo conocimiento de que la promotora de la reforma sí que había tratado en el pasado de documentar la obra, pero el asunto quedó en algún limbo administrativo. Así mismo, se obtuvo la promesa de la misma sociedad de que se procedería a regularizar la situación urbanística del bajo.

El papel del Ayuntamiento

Pero el incumplimiento de la promesa precipitó los hechos: "Acosado por el Ayuntamiento –me notificaron que procederían a la ejecución subsidiaria a mi costa de la legalización con cargo de 2.000 euros –, decidí subsanar yo mismo el asunto y regularizar el bajo, aun cuando no sería mi obligación, pues solo soy el inquilino". El arquitecto de Angibaud se entrevistó con los técnicos municipales y presentó en tiempo y forma todos los documentos que le requirieron; fue un intento vano, pues hace pocos días el Ayuntamiento notificó que la documentación está incompleta y pide planos y papeles a los que el emprendedor no tiene acceso al no haber sido el promotor de la reforma del local.

"Cierro la tienda, hasta aquí hemos llegado", anuncia el sufrido empresario, quejoso con la "falta de empatía y sentido común" que a su juicio ha demostrado el Ayuntamiento avilesino en este "desgraciado asunto".