Movilización en Segovia contra una mina de cuarzo de 2.700 hectáreas a cielo abierto

Nuevamente, una explotación minera a cielo abierto enfrenta los intereses de una empresa privada con los del vecindario de la zona. Ecologistas y vecinos de municipios del nordeste de la provincia de Segovia han denunciado el impacto ambiental y sobre los acuíferos del proyecto para la instalación de una gran mina de cuarzo a cielo abierto en esta zona, ubicada cerca del límite de la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, Ecologistas en Acción, que ha decidido presentar alegaciones, señala que la empresa ERIMSA, con sede en A Coruña, ha solicitado a la Junta de Castilla y León autorización para una mina a cielo abierto que, en conjunto, ocuparía más de 2.700 hectáreas.

La explotación minera abarcaría “una enorme extensión de terreno” equivalente a unos 1.600 campos de fútbol, afectando a seis términos municipales durante los próximos 30 años: Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo.

La razón “de la enorme superficie afectada es que el material con interés minero ocupa una capa muy superficial del terreno cuyo espesor medio es de 1,62 metros”, explican los ecologistas.

El fin de esta mina sería la extracción de gravas de cuarzo para la obtención de cuarzo metalúrgico cuyo destino final, de acuerdo con el proyecto, sería “su exportación hacia Noruega y otros países”, explican los ecologistas en su comunicado.

Constituida una plataforma vecinal

Los vecinos de esta zona han expresado su preocupación por la extensión y duración de la explotación, así como los riesgos sobre los acuíferos y han constituido la “Plataforma contra la mina a cielo abierto”, que ya ha celebrado sus primeras reuniones en el municipio de Cerezo de Abajo. El proyecto afectaría a la denominada Zona de Especial Conservación (ZEC) de las riberas del rio Duratón ZEC-ES41600849.

En un comunicado, la plataforma explica que esta mina a cielo abierto perjudicaría a la ganadería la agricultura, el turismo ambiental y la salud de los habitantes de la zona.

La perdida de fertilidad de los terrenos agrícolas y la erosión inevitable, la contaminación del agua, la destrucción de la naturaleza, paisaje, flora y fauna y, sobre todo, el daño a la economía general de la zona serían otras de las consecuencias.

Aunque desde la minera promotora del proyecto ha indicado que crearán 30 empleos, los afectados señalan en su escrito, que solo hay seis puestos de trabajo detallados en la documentación presentada.

El proyecto contempla que, una vez cribados para extraer el cuarzo, la mayoría de los materiales sean devueltos al terreno, pero el sistema de explotación a cielo abierto y la duración de la explotación conllevaría un profundo impacto ambiental, incluyendo cambios drásticos en la estructura del suelo y en su porosidad, explican los ecologistas, que también se dirigirán a la Confederación Hidrográfica del Duero como garantes de la integridad de la Red Natura 2000 de la UE.

Por ello, Ecologistas en Acción considera que se trata de uno de los proyectos minero con un impacto ambiental más negativo de los últimos 20 años y reclaman que la solicitud sea rechazada.

La empresa niega el impacto denunciado

Por su parte, la empresa promotora del proyecto ha defendido en un comunicado que se trata de un modelo de minería “moderna y sostenible" que, en vez de causar daños ecológicos, "preserva el medioambiente y no afecta a la productividad de los terrenos".

También afirma ERIMSA que su mina es compatible con la ganadería, la agricultura, el turismo y el aprovechamiento forestal. Y también recuerdan que desde "hace cuatro décadas", la empresa extrae cuarzo en varias zonas de Castilla y León, así como en Galicia, y siempre "conviviendo con los vecinos y propietarios de terrenos".

Recalca la compañía que su modelo de trabajo “es muy diferente" a la minería tradicional, ya que hacen uso del sistema de cribado de terreno, "que trata de separar en primer lugar la capa productiva del suelo, para seguidamente hacer un cribado del material en una profundidad en torno al metro y medio, dejando in situ el material inferior a 40 milímetros, lo que garantiza la conservación del nivel original de las fincas. Finalmente, se devuelve la capa productiva a su situación inicial y se realiza el allanado y subsolado», añade el comunicado.

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