Medida polémica

Oleada de críticas a la legalización de los regadíos ilegales que matan Doñana

El Gobierno advierte a la Junta que es "inadmisible e indignante" y la CE estudia sanciones

Flamencos en Doñana

Flamencos en Doñana / Pixabay

Joan Lluís Ferrer

El intento de la Junta de Andalucía de legalizar más de 1.400 hectáreas de regadíos ilegales que están contribuyendo a desecar Doñana está recibiendo una oleada de críticas desde múltiples frentes. El Gobierno central ya ha advertido de que "llegará hasta donde haga falta" para impedir que prospere esta iniciativa, mientras la Comisión Europea se ha declarado "profundamente preocupada" por este proyecto que impulsan el PP, Ciudadanos y Vox en la cámara andaluza, con la abstención del PSOE regional. Incluso ha advertido de posibles sanciones. Precisamente estos regadíos son los que están dañando gravemente los acuíferos y los recursos del Parque Nacional.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que "es mentira" y es "imposible" legalizar nuevas hectáreas de riego en el entorno del Parque Nacional de Doñana, salvo que se expropien los derechos del agua de los regantes legales porque "simplemente, no hay agua". A su juicio, serían precisamente los regantes legales los que más perjudicados por esta medida, que solo lograría igualar a los ilegales con quienes han cumplido con la ley.

Regadíos en el entorno de Doñana

Regadíos en el entorno de Doñana / wwf

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, Ribera ha respondido así al diputado de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, respecto a las medidas del Gobierno para frenar la iniciativa impulsada en el Parlamento de Andalucía con el fin de regularizar usos de agua de agricultores cercanos al Parque Nacional de Doñana.

Para la ministra, esta "barbaridad" --impulsada con los votos favorables del PP, Cs y Vox y con la abstención del PSOE en la cámara autonómica--, es una forma del Gobierno andaluz de esconder "su incapacidad para poder responder a las necesidades de diversificación económica de esa zona".

Así, la ministra ha prometido que el Ejecutivo va a seguir trabajando en la "misma línea de firmeza y defensa de la legalidad" que ha hecho hasta ahora para reivindicar una "reacción responsable" por parte de las administraciones andaluzas.

"Es inadmisible, es indignante utilizar la falsedad y la mentira para destrozar algo que es Patrimonio de la Humanidad como es Doñana", ha añadido.

La vicepresidenta ha agradecido que Errejón se sume a los esfuerzos del Gobierno de España, en línea con lo que reclaman la Unesco y la Comisión Europea. De ese modo, ha recordado que este martes la Comisión Europea dijo que "estaba dispuesta a llegar a donde sea para frenar esta barbaridad, para frenar esta inmensa ilegalidad".

Regadíos en Doñana

Regadíos en Doñana / wwf

Además, ha advertido de que el Ejecutivo no quiere verse en la misma situación que Polonia, que no tiene acceso a los fondos europeos "precisamente" por incumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, algo que apunta que "probablemente llegaría a aplicar a España en caso de que siguiera adelante esta iniciativa".

141 pozos en proceso de clausura

En cuanto a las medidas que está adoptando el Gobierno en Doñana, ha explicado que la declaración de masa de agua en riesgo del acuífero permite crear una comunidad de usuarios que adopte por consenso medidas excepcionales para poder vigilar el cumplimiento de todas las exigencias legales y los volúmenes de agua.

Asimismo, ha añadido que el Gobierno está trabajando "estrechamente" con la Fiscalía de Medio Ambiente, que está reforzando la inspección y la sanción. De hecho, ha precisado que en este momento está en tramitación el cierre de 141 pozos ilegales.

Igualmente, ha indicado que se están activando las obras hidráulicas que permitan utilizar agua de superficie, de modo que los riegos legales que utilizan agua subterránea puedan ser frenados. También se persigue el crecimiento cero de regadíos, según prevé el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que será aprobado en los próximos meses y que recoge 177 millones de euros para obras.

Al mismo tiempo, ha señalado que el Ministerio está impulsando nueve actuaciones en sendas depuradoras que acaban vertiendo agua en zonas de influencia de Doñana.

Críticas desde la Unión Europea

Mientras tanto, la Comisión Europea ha manifestado esta misma semana su "preocupación" por el hecho de que Andalucía siga adelante con la ampliación de terrenos forestales en Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables.

 "Estamos profundamente preocupados por los planes, que se sumarían a los niveles insostenibles de extracción de agua que ya ha provocado una disminución significativa en los niveles piezométricos de las masas de aguas subterráneas en Doñana", ha señalado la portavoz de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Daniela Stoycheva.

Un pozo en Doñana

Un pozo en Doñana / efe

"Evidentemente esto pondría en peligro las perspectivas de cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", ha agregado Stoycheva en relación a una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana. Bruselas insiste en que usará "todos los medios" para hacer cumplir la sentencia, aunque no ha detallado cuáles.

Hace tan sólo diez días que la Comisión Europea remitió una carta remitida a las autoridades españolas en la que le advertía con acudir por segunda vez ante Tribunal de Justicia para solicitar sanciones por el plan del Gobierno andaluz de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana "que no cuentan con los preceptivos permisos".

España tiene un mes para dar respuesta a la misiva con explicaciones sobre la falta de cumplimiento de la sentencia del TUE. "Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa y ha recibido el reconocimiento a escala mundial.

Además, la protección de la biodiversidad es primordial en el contexto del Pacto Verde Europeo y el camino hacia la recuperación después de la pandemia de la Covid-19", ha subrayado Stoycheva.

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó, la pasada semana, que prosiga la tramitación de la Proposición de Ley presentada por PP, Cs y Vox sobre la revisión de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana. La suma de estos tres partidos ha propiciado que continúe el debate de esta iniciativa legal.

El PP lo defiende y los ecologistas lo atacan

Los tres partidos que han presentado la iniciativa han defendido que no afectará al Parque Nacional de Doñana, que no se amplían regadíos y que solo se trata de dar solución a un problema enquistado durante años para los agricultores del Condado de Huelva.

El portavoz del PP, Manuel Andrés González, ha pedido que no se mienta más sobre el contenido de la ley, ya que ha dicho “clara y rotundamente” que no se amparan los regadíos ilegales porque “no se habla nada del agua”, solo del suelo, y no supondrá “quitarle ni un solo metro cúbico de agua” al espacio natural de Doñana.

Área de Doñana

Área de Doñana / Pinterest

La organización ecologista WWF ha asegurado que si salen adelante las iniciativas legales registradas en el Parlamento de Andalucía para regularizar regadíos en el entorno de Doñana supondrán un «golpe mortal» para el humedal.

En concreto, la iniciativa en trámite, según los ecologistas, permitirían «legalizar» más del 85 % de la superficie de cultivo ilegal en el entorno de Doñana.

De ser así, se verían afectadas 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable que han sido cubiertas «de forma ilegal por un mar de invernaderos y plásticos», según apunta la organización.

A su juicio, «se trata de una amnistía injusta, con claros fines electorales, para salvar a los agricultores ilegales que destruyen Doñana. Una medida que solo recompensa a quienes invaden los montes y secan los acuíferos promoviendo la venta de fresas ilegales».