Pozuelo pide el cierre "definitivo" del centro de inmigrantes que "opera sin licencia para acoger a 600 personas"

Nuevo paso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para cerrar el centro de inmigrantes de la localidad madrileña. Este martes, el consistorio ha presentado alegaciones contra las medidas cautelares impulsadas por el Gobierno central, destinadas a impedir que se haga efectiva su clausura. El centro abrió sus puertas en 2022 y, según el Ayuntamiento, el Ministerio de Migraciones “mantiene el centro sin licencia en esta ciudad”.

El centro de inmigrantes de Pozuelo de Alarcón solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), "no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio Ministerio en la documentación que trasladó al consistorio en verano y que ha aportado ahora al juzgado. Todo ello representa un “riesgo cierto de hacinamiento”, denuncia el consistorio.

La única licencia con la que cuenta este edificio desde 2013 dejaba claro que "será necesaria la obtención de nueva licencia de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones" y añadía que "cualquier modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados al ayuntamiento".

Además, señalan que "el Gobierno central ha amenazado en al menos un par de ocasiones con utilizar este mismo centro para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados, una posibilidad que no ha llegado a consumar y con la que, al menos de momento, no ha vuelto a amagar".

Que "se cumpla la ley" en Pozuelo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón denuncia que "en estos más de cuatro meses, el Ministerio del ramo no solo no ha hecho nada por regularizar esa situación en la vía administrativa, sino que se ha limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre, cuyo plazo vencía el pasado sábado".

"Es ahora el juzgado quien debe decidir si mantiene abierto ese centro sin licencia, por lo que el consistorio ha preferido respetar unos plazos judiciales que se han prolongado más allá de la fecha de cierre porque el recurso presentado por el Ministerio el 17 de noviembre tardó más de un mes en llegar al ayuntamiento, concretamente la víspera de Nochebuena, momento a partir del cual empezó correr el plazo de alegaciones para el ayuntamiento con el parón navideño de por medio", dicen en un comunicado.

La alcaldesa de Pozuelo, la popular Paloma Tejero, explica que, “cuanto más avanza este ayuntamiento para que el Gobierno cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas. Confiamos en que la Justicia actúe ante esta irresponsabilidad y, en cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea”.