Vecinos de Carabanchel piden viviendas públicas en la antigua cárcel: "Deben ser de alquiler social"

La cárcel de Carabanchel, cuyo nombre oficial era el de Prisión Provincial de Madrid, fue inaugurada el 22 de junio de 1944. En 1998 cerró sus puertas tras 55 años en funcionamiento. Hasta ese momento, el centro penitenciario albergaba a 2.000 hombres y 500 mujeres, quienes fueron las últimas en abandonar la cárcel.

Desde su cierre, los vecinos del distrito madrileño reclamaron que en el solar donde se ubicaba se construyera un hospital y servicios sociales. El 23 de octubre de 2008, los muros de la cárcel de Carabanchel fueron derribados. Y no fue hasta enero de este mismo año cuando el Gobierno de España transfirió los terrenos a la empresa pública de vivienda.

La Coordinadora Vecinal del barrio se reunió el pasado 27 de marzo en la sede de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un encuentro que se "sirvió para conocer los planes que tienen para las parcelas de uso residencial y para que los representantes vecinales presentaran sus propuestas".

Los representantes de los vecinos de Carabanchel propusieron a las autoridades que todas las viviendas que se construyan —están previstas que se construyan algo más de 500— deben ser de gestión pública en régimen de alquiler social, con prohibición expresa y por escrito de su posible venta-

Según explican desde la Coordinadora Vecinal, desde SEPES "no se descarta alguna venta excepcional, y contempla la posibilidad de que algunas viviendas sean construidas mediante contrato de concesión de obra, por medio del cual una empresa privada construiría y gestionaría el alquiler, en las condiciones establecidas en el convenio, durante años".

Esto provocó el "rechazo tajantemente esta modalidad", por cuanto significa "dejar en manos de empresas lucrativas la gestión de viviendas sociales, con las disfunciones que ello acarrea".

Así piden que sean las viviendas en la antigua cárcel de Carabanchel

Exigen que el tamaño de los pisos que se construyan (1, 2 y 3 dormitorios), siendo su adjudicación en función del tamaño de la unidad familiar.

Una de las principales reivindicaciones es que las viviendas deberán tener espacios comunitarios que favorezcan la socialización vecinal, como local social, lavandería, refugios climáticos y huerto comunitario.

SEPES comparte esta propuesta y, por ello, se habilitarán los mecanismos pertinentes para que la gestión de estos espacios y de la propia comunidad (ingresos y gastos) se realice por los propios inquilinos.

Otro de los aspectos fundamentales que los pisos tendrían que adjudicarse por sorteo entre las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos, una propuesta que tuvo el visto bueno de SEPES.

La Coordinadora Vecinal propone que para tener acceso a alguna de las viviendas, deberán cumplirse estos requisitos:

• No disponer de ninguna vivienda en propiedad
• Que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a:
• Familia sin hijos menores (de 25 años): dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cómputo anual
• Por cada hijo menor de 25 años se sumaría 0,5 SMI al tope establecido. El tope máximo sería de tres veces el SMI

En todo caso, piden que el alquiler sea indefinido, mientras que SEPES plantea contratos renovables. Para los vecinos es muy importante que la renta de alquiler no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar.

Por su parte, SEPES contempla que el precio de alquiler suponga un 30% de los ingresos familiares, como una cantidad calculada en función de parámetros de carácter geográfico, salarial, etc. Dicho valor de renta se aplicaría por igual a todas las familias adjudicatarias.