Detenidas 16 personas por explotar sexualmente a mujeres en un chalé de Móstoles

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas presuntamente vinculadas con una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un chalé de Móstoles, donde llegaron a convivir alrededor de una veintena de víctimas sometidas a un control permanente y obligadas a ejercer la prostitución en condiciones abusivas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La organización estaba estructurada en distintos niveles y, de acuerdo con la investigación policial, se encontraba dirigida por cuatro mujeres de una misma familia, que se encargaban de tomar las principales decisiones y daban instrucciones al resto de integrantes del entramado, entre ellos encargadas, conductores y personal responsable de la seguridad. Las cuatro presuntas cabecillas decidían qué mujeres debían ocupar cada denominada 'plaza', periodos de aproximadamente 21 días durante los cuales las víctimas ejercían la prostitución en el inmueble, y utilizaban supuestamente engaños y condiciones coercitivas para conseguir que aceptaran permanecer en el establecimiento. La Policía sostiene que se aprovechaban especialmente de situaciones de extrema necesidad y vulnerabilidad para mantenerlas sometidas.

Para controlar el funcionamiento del chalé, las responsables contaban con una mujer que ejercía como su mano derecha y con otras tres mujeres de confianza que también ejercían la prostitución, cuya función era vigilar a las víctimas y supervisar el cumplimiento de las normas impuestas por la organización. Estas personas también suministraban sustancias estupefacientes a clientes y a mujeres con adicciones, siempre, según los investigadores, con la autorización de las dirigentes. El entramado disponía además de dos hombres responsables de cuestiones relacionadas con la seguridad, las cámaras de vigilancia, la publicidad de las mujeres y el contacto con los clientes, mientras que otros tres hombres, parejas de tres de las presuntas cabecillas, se encargaban de trasladar a las víctimas cuando algún cliente solicitaba servicios sexuales a domicilio.

Hacinadas en un sótano y disponibles las 24 horas

La Policía Nacional asegura que las mujeres estaban sometidas a unas condiciones especialmente restrictivas, ya que no podían elegir a los clientes, debían encontrarse disponibles durante las 24 horas del día y tenían que asumir diferentes gastos impuestos por la organización, entre ellos un pago semanal de 20 euros en concepto de limpieza, además de otros costes que se comunicaban verbalmente.

Las víctimas eran obligadas a dormir hacinadas en el sótano del inmueble, un espacio que, según los investigadores, había sido acondicionado pensando únicamente en maximizar los beneficios de la actividad y sin atender a unas condiciones dignas de alojamiento, lo que incrementaba la dependencia de las mujeres respecto de sus explotadores. Una vez dentro del chalé, también se les exigía realizar determinadas prácticas sexuales adicionales y consideradas humillantes, mantener la luz encendida durante los encuentros y consumir u ofrecer drogas a los clientes con el objetivo de incrementar los ingresos obtenidos por la organización.

Los pagos por los servicios sexuales podían realizarse tanto en efectivo como mediante una plataforma de pago electrónico, para lo que el entramado recurría presuntamente a cinco testaferros con los que trataba de ocultar el origen y el destino del dinero y evitar que los beneficios quedaran directamente vinculados con las cuatro mujeres que encabezaban la organización.

Durante el registro del inmueble, los agentes liberaron a una de las víctimas e intervinieron cuatro teléfonos móviles que supuestamente se utilizaban para gestionar las citas y realizar envíos de dinero, además de más de 800 euros en efectivo y diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y cristal. Los 16 detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y blanqueo de capitales.