Hasta 20 años de prisión por provocar un incendio forestal en Madrid: esto es lo que dice el Código Penal

Los incendios forestales no solo dejan miles de hectáreas quemadas, viviendas destruidas y familias desalojadas. Cuando las llamas se apagan comienza también un complejo proceso judicial y administrativo para determinar el origen del fuego, depurar responsabilidades y calcular quién debe afrontar los daños.

Es así que las preguntas se repiten entre los vecinos de las zonas afectadas: ¿qué pena recibe quien provoca un incendio?, ¿es obligatorio abandonar una vivienda cuando lo ordenan las autoridades?, ¿quién paga los desperfectos?

Por suerte, la legislación española ofrece respuestas, aunque cada caso depende de las circunstancias concretas y de las pruebas recabadas durante la investigación.

¿Qué pena tiene provocar un incendio en España?

El Código Penal establece penas especialmente duras cuando un incendio pone en peligro la vida o la integridad física de otras personas. En estos supuestos, la condena puede oscilar entre 10 y 20 años de prisión, aunque los tribunales pueden rebajarla atendiendo a la entidad del peligro y a las circunstancias del caso.

En el caso concreto de los incendios forestales, las penas dependen de la gravedad:

• Incendiar un monte o una masa forestal: entre uno y cinco años de prisión y multa de 12 a 18 meses.
• Poner en peligro vidas humanas: entre 10 y 20 años de prisión, además de una multa de 12 a 24 meses.
• Incendio forestal de especial gravedad: entre tres y seis años de prisión y multa de 18 a 24 meses.

La especial gravedad puede apreciarse cuando el fuego afecta a una superficie de considerable importancia, provoca graves efectos erosivos, altera significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecta a espacios naturales protegidos.

Una imprudencia también puede acabar en prisión

Sí, pero no cualquier descuido constituye automáticamente un delito. El Código Penal castiga a quien provoque un incendio por imprudencia grave, aplicándole una pena inferior en grado a la prevista para el supuesto correspondiente.

Realizar una barbacoa en una zona prohibida, abandonar brasas sin apagar, lanzar una colilla o utilizar maquinaria capaz de generar chispas puede derivar en responsabilidad administrativa. Si la conducta es gravemente imprudente y acaba originando un incendio, también puede existir responsabilidad penal.

La calificación dependerá del riesgo creado, de las prohibiciones vigentes, del comportamiento de la persona investigada y de la relación entre su actuación y el inicio del fuego.

¿Es obligatorio abandonar una casa si ordenan evacuar?

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil obliga a los ciudadanos a seguir las órdenes e instrucciones de las autoridades competentes durante una emergencia. También permite entrar en domicilios y evacuar a las personas cuando exista un peligro grave, siempre que las medidas sean necesarias, proporcionadas y se mantengan únicamente durante el tiempo imprescindible.

Por tanto, derechos como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de residencia no permiten permanecer en una vivienda cuando una orden de evacuación pretende proteger la vida de sus ocupantes o garantizar la actuación de los equipos de emergencia.

¿Qué ocurre si una persona se niega a evacuar?

El incumplimiento de órdenes dictadas durante una emergencia puede constituir una infracción administrativa grave o muy grave en materia de protección civil. En el ámbito estatal, las infracciones graves pueden sancionarse con multas de 1.501 a 30.000 euros, mientras que las muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros cuando la conducta tenga una especial peligrosidad para las personas o los bienes.

La Ley de Seguridad Ciudadana también considera infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando los hechos no constituyen delito. En este caso, las multas pueden ir de 601 a 30.000 euros. Cuando la desobediencia es grave y reúne los requisitos penales, el artículo 556 del Código Penal contempla penas de tres meses a un año de prisión o multa de seis a 18 meses.

Así puedes reclamar los daños provocados por un incendio

La vía para conseguir una indemnización depende del origen del fuego, de la existencia de un responsable identificado y de las coberturas contratadas. Antes de iniciar cualquier reclamación es recomendable recopilar toda la documentación posible:

• Fotografías y vídeos de los daños.
• Inventario de los bienes afectados.
• Facturas, escrituras y justificantes de propiedad.
• Informes de bomberos, Guardia Civil, Policía o Protección Civil.
• Presupuestos de reparación.
• Comunicaciones con la aseguradora.
• Facturas de alojamiento, transporte o gastos urgentes.

También es importante no acceder a una zona evacuada hasta que lo autoricen los servicios de emergencia y no retirar restos relevantes antes de que puedan ser examinados por los peritos, salvo que exista un riesgo para la seguridad.

¿Quién es responsable de prevenir y extinguir los incendios?

La gestión de los incendios forestales se reparte entre distintas administraciones y no responde a una división completamente rígida.

Las comunidades autónomas tienen un papel central. Deben aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción para todo su territorio y establecer el dispositivo operativo necesario. También corresponde al órgano autonómico competente establecer un mando unificado para dirigir la extinción de cada incendio, salvo en aquellos de pequeña entidad.

Los municipios intervienen mediante sus planes locales de protección civil, policías locales, servicios de bomberos municipales, agrupaciones de voluntarios y recursos de asistencia a la población. También colaboran en evacuaciones, cortes de tráfico, habilitación de alojamientos, atención a vecinos y difusión de instrucciones.

Por otro lado, el Gobierno de España establece directrices comunes, mantiene medios de apoyo y puede aportar recursos aéreos, brigadas especializadas, Guardia Civil, Policía Nacional o la Unidad Militar de Emergencias.