Ayuso da luz verde a la nueva ley del suelo que busca acortar a un tercio los plazos de tramitación urbanística actuales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cerrado el curso con la aprobación de uno de los textos legislativos más complejos y de mayor impacto de la legislatura. Los consejeros del Ejecutivo regional se han reunido hoy por última vez antes de las vacaciones y, entre otros asuntos, han dado luz verde al proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región, la conocida como ley LIDER, una nueva ley del suelo que busca, argumentan en Sol, facilitar la construcción de vivienda mediante la simplificación y agilización de la tramitación urbanística.

El texto se remitirá ahora a la Asamblea regional, donde se espera poder tramitar a lo largo del próximo periodo de sesiones, de manera que se pueda publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y entrar en vigor antes de fin de año, "dada la urgencia y la importancia que tiene", en palabras del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien también ha definido el texto como "pionero" y posible "referente" para el resto del país por cuanto tiene de transformación del urbanismo vigente.

"Eliminamos burocracia, implementamos ahí donde se nos permite la normativa estatal de silencio positivo, ganamos agilidad utilizando como palanca la digitalización de todos los procesos e informes, que se podrán consultar en una única plataforma, y simplificamos sobre todo los planes y todo lo que tiene que ver con el contenido normativo que tenían que llevar a cabo los ayuntamientos", ha sintetizado Novillo.

La intención que se enuncia desde el Gobierno regional es preparar a la región para los ocho millones de habitantes que se aventuran en 2040 y adaptar, por tanto, la normativa urbanística a los retos que ello supone en cuanto a dotación de infraestructuras y servicios y sobre todo de necesidad de vivienda. En otros términos, acelerar en la construcción.

Para ello se consolidan instrumentos ya avanzados en modificaciones legales anteriores. En este sentido, frente a los actuales Planes Generales de Ordenación Urbana, cuya aprobación se prolonga hasta 12 años, se consagran los Planes Estratégicos Municipales, más sencillos administrativamente y que se prevé puedan ver la luz en cuatro años, un tercio del tiempo actual. Del mismo modo, los Planes Parciales, para el desarrollo de cuestiones concretas o cambios puntuales en los Planes Generales, se ven reemplazados por Planes Ejecutivos, que vendrían a recortar la tramitación de cuatro a dos años.

Desde que la Ley 7/2024 introdujo la figura del Plan Estratégico, hasta 42 municipios, incluido Madrid capital, se han acogido a este modelo mientras que en 25 años con la ley anterior apenas 22 municipios han podido aprobar su Plan General de Ordenación Urbana, ha argumentado Novillo para justificar la nueva fórmula.

La ley LIDER también simplifica la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a solo tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. Además, facilita que los municipios de más de 15.000 habitantes puedan aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística. El Gobierno regional mantendrá, no obstante, las funciones de control de la legalidad, algo en lo que, ha insistido Novillo, desde la Administración regional se será expedito en materia de disciplina urbanística. "Queremos ser muy contundentes en el régimen sancionador, pero también en los plazos de prescripción, para que nadie espere que los tiempos administrativos puedan hacer que una infracción se convierta en realidad. Por eso ampliamos esos plazos de 6 a 15 años en suelo protegido, para que nos dé cierta capacidad de actuar y detectar infracciones y poder llevar a cabo las demoliciones y la restauración de la normalidad", ha insistido el consejero.

Con un total de 327 artículos, durante la elaboración del proyecto de ley se han contestado hasta 1.508 alegaciones, de las que se han incorporado al menos parcialmente más de un tercio. El texto podrá sufrir, además, nuevas modificaciones durante su tramitación parlamentaria, cuestión a la que se abre el Gobierno regional. La aprobación, con la mayoría absoluta del PP en la cámara de Vallecas, está garantizada. Pero generará una fuerte oposición de la izquierda regional, que ya ha avanzado su desacuerdo con un texto que, en su impulso a la simplificación burocrática, favorece lo que entienden un modelo "especulativo" con menos control sobre las actuaciones de la iniciativa privada.