El Gobierno de Ayuso rechaza el manual estatal de eutanasia por sus "problemas jurídicos, clínicos y éticos"

La Comunidad de Madrid ha expresado este viernes su rechazo al nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia presentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al considerar que el documento plantea "problemas jurídicos, clínicos y éticos" que, a juicio del Gobierno de Ayuso, impiden respaldarlo en su redacción actual.

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado al término de la reunión que el Ejecutivo autonómico no cuestiona la Ley de Eutanasia, que, según ha defendido, se aplica "con garantías" en la región, sino el contenido de una guía que pretende orientar a los profesionales sanitarios y a las administraciones para asegurar una aplicación homogénea, equitativa y de calidad de la prestación de ayuda para morir.

Matute ha sostenido que el principal problema jurídico del manual radica en que incorpora supuestos que no están contemplados en la propia ley, por lo que ha advertido de que cualquier ampliación de ese marco debería abordarse mediante una modificación legislativa y no a través de un documento técnico. "Si se incluyen supuestos que no aparecen en la ley, lo que hay que hacer es modificar la ley", ha señalado la consejera, quien considera que el manual no puede utilizarse para extender por vía interpretativa el alcance de una norma aprobada por el Parlamento.

Falta de herramientas clínicas y apoyo especializado

La responsable madrileña de Sanidad ha añadido que el texto también presenta deficiencias desde el punto de vista clínico, ya que, según ha indicado, no incorpora algunas de las propuestas planteadas por sociedades científicas y colegios profesionales para reforzar la seguridad de los procesos y ofrecer mayores garantías tanto a los pacientes como a los sanitarios encargados de aplicar la prestación.

Entre esas medidas, Matute ha citado la inclusión de herramientas objetivas de evaluación y la posibilidad de solicitar interconsultas con profesionales de salud mental en los casos más complejos, especialmente cuando existen situaciones de sufrimiento intenso o ideaciones suicidas. A su juicio, la ausencia de estos mecanismos deja "desprotegidos" a los profesionales, que pueden encontrarse ante decisiones de gran complejidad clínica y ética sin contar con todos los instrumentos necesarios para valorarlas.

La consejera ha defendido que los manuales destinados a orientar la práctica sanitaria pueden ser útiles, aunque ha insistido en que deben elaborarse con rigor, con la participación efectiva de las sociedades científicas y los colegios profesionales y con un marco suficientemente claro para evitar incertidumbres en su aplicación.

Falta de recursos paliativos

Matute ha situado el aspecto ético como la cuestión más relevante de su rechazo al documento, al considerar que no basta con informar a los pacientes de que existen tratamientos, cuidados o recursos capaces de aliviar su sufrimiento, sino que las administraciones tienen la obligación de garantizar que puedan acceder realmente a todos ellos antes de tomar una decisión irreversible. "No solo vale con informar a las personas que optan a la prestación de eutanasia de que tienen recursos para paliar su sufrimiento, sino que es nuestra obligación garantizar que tengan acceso al cien por cien de ellos", ha afirmado.

En este sentido, la consejera madrileña ha acusado al Gobierno central de no dotar a las comunidades autónomas ni a los pacientes de la financiación suficiente para asegurar ese acceso, y ha puesto como ejemplo las necesidades derivadas de la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica. Según Matute, una decisión de estas características solo puede adoptarse de manera verdaderamente informada y libre cuando el paciente dispone de todas las alternativas asistenciales y paliativas, algo que, en su opinión, no está plenamente garantizado por la falta de recursos.

La responsable madrileña ha reiterado que la Comunidad de Madrid no se opone a la elaboración de guías que ayuden a los profesionales sanitarios, pero ha reclamado que estos documentos estén "bien hechos", cuenten con respaldo científico y profesional y respeten plenamente la libertad, la dignidad y la humanidad de los pacientes.