QUEJAS DE LOS INQUILINOS
Plagas, averías y falta de respuesta: inquilinos denuncian "abandono" de las gestoras del Plan Vive de Madrid
La Asociación de Inquilinos del Plan Vive alerta de más de 130 tipos de incidencias en viviendas protegidas construidas sobre suelo público y reclama una supervisión pública efectiva

Quique Villalobos, de la FRAVM (izq.), Sergio Montero, de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive (centro) y Esther Chaves, de UGT Madrid (der.), durante la rueda de prensa. / UGT Madrid

Las quejas por los problemas de algunas promociones del Plan Vive de la Comunidad de Madrid han vuelto a acaparar focos este martes. La Asociación de Inquilinos del Plan Vive, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid han comparecido esta mañana en rueda de prensa para exigir al Ejecutivo regional que asuma un papel más activo ante las incidencias que, según los afectados, se repiten en distintas promociones de vivienda pública en alquiler gestionadas por empresas privadas.
La denuncia central de los inquilinos apunta a un mismo esquema: viviendas promovidas bajo el paraguas del alquiler asequible, levantadas sobre suelo público, pero gestionadas por concesionarias privadas con las que, lamentan, resulta muy difícil resolver incidencias ordinarias y estructurales. “El Plan Vive es de la Comunidad de Madrid para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pero resulta que no tenemos ningún tipo de relación con ellos”, ha señalado Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive.
La asociación nació el pasado mes de febrero con una veintena de viviendas representadas y ya agrupa a unas 200. Entre las incidencias denunciadas figuran fallos en calefacción, refrigeración y agua caliente, averías recurrentes en instalaciones, zonas comunes abandonadas, falta de vallado perimetral, inseguridad, plagas de ratas e insectos y una atención deficiente por parte de las gestoras. La asociación asegura haber recopilado más de 130 incidencias en más de diez promociones repartidas por distintos municipios madrileños.
Además de estos problemas, la entidad también cuestiona el procedimiento de adjudicación y firma de contratos. Según Montero, los inquilinos no pudieron visitar las viviendas antes de firmar, no conocieron las condiciones económicas exactas hasta el momento de la firma y tuvieron un plazo de 48 horas para aceptar. También el precio de algunas promociones, con mensualidades que pueden oscilar entre 1.500 y 1.700 euros al sumar renta y gastos. “Si esto es vivienda asequible, a nosotros nos pareció un abuso”, ha denunciado.
Frente a esta situación, los inquilinos reclaman la creación de una mesa de diálogo y seguimiento del Plan Vive en la que participen la Comunidad de Madrid, las empresas gestoras y la propia asociación. Aseguran que hasta ahora la interlocución se canaliza casi siempre a través de las concesionarias y que la Comunidad les remite a ellas cuando elevan quejas o peticiones.
Quique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, ha respaldado esa exigencia, defendiendo que sentarse con los representantes de los inquilinos sería “más rápido, más económico, más eficiente y más eficaz” que tratar cada caso de manera individual. “Las inquilinas y los inquilinos del Plan Vive no han hecho una asociación porque estuvieran aburridos; la han hecho porque tienen problemas”, ha añadido.
"Una de las principales políticas públicas de vivienda”
La Comunidad de Madrid, por su parte, rechaza que se esté desentendiendo de estas promociones. Fuentes de la Consejería de Vivienda recuerdan que el Plan Vive ofrece viviendas en régimen de alquiler y que la relación entre arrendador y arrendatario se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos. En ese marco, señalan que los inquilinos tienen derechos, pero también la posibilidad de desistir del contrato “si consideran que esa vivienda ya no responde a sus necesidades”. “Nadie está obligado a permanecer en ella”, sostienen desde el departamento regional.
La Consejería defiende además que la gestión ordinaria corresponde, “como sucede en cualquier promoción de alquiler”, a las empresas concesionarias, que tienen la obligación contractual de atender incidencias y garantizar el mantenimiento de los edificios. No obstante, insiste en que la Comunidad “supervisa que esas obligaciones se cumplan”. Sobre las rentas, el Gobierno regional considera que citar importes concretos sin detallar la tipología de la vivienda, su superficie, el número de dormitorios o el municipio ofrece “una visión parcial” del programa. La Consejería asegura que las viviendas del Plan Vive se adjudican con alquileres “hasta un 40% inferiores al precio de mercado de la zona”.
El Ejecutivo madrileño mantiene que el Plan Vive ha permitido a “miles de madrileños” acceder a una vivienda de calidad a precio inferior al mercado libre y lo presenta como “una de las principales políticas públicas de vivienda” de la Comunidad de Madrid. También admite que, en una promoción de esta envergadura, pueden producirse “incidencias puntuales”, pero defiende que existe un sistema de gestión y seguimiento para resolverlas.
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