La izquierda madrileña se rearma contra la futura ley del suelo de Ayuso

Enfrentada entre sí, a menudo dentro de las mismas siglas, la izquierda madrileña sí que se ha unido contra la futura ley del suelo de la región, la bautizada como Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región y conocida por el acrónimo de LIDER. PSOE, Más Madrid, Izquierda Unida y Podemos, además del Partido Verde, se han sumado a la Coordinadora contra la LIDER, un colectivo integrado por más de una treintena de asociaciones impulsado por los movimientos sociales en torno a la Plataforma por el Derecho a la Ciudad y en la que también figuran organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) o Ecologistas en Acción y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

El objetivo, afirman desde la Coordinadora contra la LIDER, es oponerse a una ley que va a favorecer "la especulación, la exclusión y la depredación territorial". Planteada desde el Gobierno regional como un instrumento de simplificación para agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos en un momento de escasez de vivienda y de crecimiento demográfico a un ritmo de 100.000 habitantes al año, desde la coordinadora entienden que no es sino una ley de "liberalización del suelo para ponerlo en manos de inversores y del capital".

Se alude, por ejemplo, a la calificación que plantea del suelo en tres tipos, urbano, rural protegido y rural no protegido. Y se critica que abra la posibilidad a que en suelo rural protegido se edifiquen, entre otras instalaciones, centros de datos, cementerios, tanatorios y crematorios, viviendas unifamiliares aisladas o plantas de gestión de residuos si se justifica que sirven para "luchar contra la despoblación o fomentar una economía verde y sostenible arraigada en el territorio". "Prácticamente, lo que nos está diciendo es que quiere poner en suelo rural todo lo que se pueda", reprocha Enrique Villalobos, responsable de urbanismo y vivienda de la FRAVM y uno de los portavoces de la Coordinadora contra la LIDER.

También se lamenta que el texto, aún un borrador, rompa por completo "con los conceptos de la cultura urbanística que se maneja en este país desde la ley del suelo de 1956" o que suponga "la renuncia expresa de manera casi total al control del urbanismo por parte de la administración, en referencia a la introducción de figuras como los Planes Estratégicos Municipales en sustitución de los Planes Generales de Ordenación Urbana o a las funciones de control de la tramitación de licencias y declaraciones responsables y de verificación de usos del suelo que atribuye a las entidades privadas colaboradoras urbanísticas. "Lo que se pretende", argumenta Villalobos, "es que los que tienen que disfrutar de las plusvalías sean juez y parte".

Agilización, simplificación, flexibilización

El plazo medio para la aprobación de un plan general viene a ser de entre ocho y 12 años, y de una modificación en el mismo, de entre cuatro y seis años, un tiempo inadmisible para las necesidades actuales, se defiende en el Gobierno regional. "La elaboración y tramitación actual de los instrumentos de planeamiento y de los instrumentos de gestión se dilata en el tiempo, como consecuencia de no disponer de un régimen normativo más adecuado y simplificado, que permita la agilización de dichos instrumentos", transmiten. "Esta norma no solo persigue esta citada agilización y simplificación, sino una flexibilización de las herramientas disponibles y una mayor coordinación del sector público, entre las diversas administraciones, y de este con el sector privado, para lograr este fin".

Distintas entidades han presentado más de un centenar de alegaciones al anteproyecto de la LIDER. La coordinadora lo que busca es informar de lo que entienden son sus lesivas consecuencias, "generar una amplia respuesta ciudadana" y, en lo posible, parar la ley. Son conscientes de que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid servirá para aprobarla, previsiblemente, además, con el apoyo de Vox. "Pero entendemos que se tiene que ver que hay una parte muy grande que estamos contra", tercia el responsable de urbanismo de la FRAVM. "Tendrán que retratarse y decidir si lo que quieren es aplicar un rodillo parlamentario con una ley frente a la que se han presentado multitud de alegaciones o solo admitir las que están a su favor, que es algo que en un país democrático y con buena gobernanza no suele quedar bien".

Movilizaciones a partir de septiembre

Desde la coordinadora se apunta incluso a la posible inconstitucionalidad de la LIDER en algunos aspectos, desde cuestiones generales como que vulnera el artículo 47, el que reconoce el derecho a una vivienda digna y proclama expresamente que los poderes públicos regularán la utilización del suelo "de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" a otras más concretas como la posible invasión de competencias propias de los ayuntamientos. En ese sentido es importante la participación de los partidos políticos con representación parlamentaria, facultados para presentar recursos de inconstitucionalidad, algo vedado a particulares.

La presentación de un hipotético recurso de inconstitucionalidad, no obstante, tendría que llegar una vez aprobada la LIDER. De momento está en estado de anteproyecto de ley, aunque la pretensión del Ejecutivo de Ayuso es acelerar con ella. Se espera que a la vuelta de verano salga ya como proyecto de ley del Consejo de Gobierno, habrá que ver hasta que punto modificado en función de las alegaciones presentadas, de forma que en octubre pueda empezar su tramitación parlamentaria y quedar aprobada antes de que termine este año.

Entretanto, desde la Coordinadora contra la LIDER, se tratará de llevar la contestación no solo al debate público sino también a las calles. El pasado martes hubo en la sede de CCOO un acto de presentación de la plataforma, originalmente constituida en mayo y a la que se han ido sumando entidades desde entonces. "Trataremos al máximo dar a conocer estas cosas a la ciudadanía para generar el mayor nivel de oposición", adelantan los impulsores de esta iniciativa. "Con el verano por medio es difícil, pero intentaremos hacer algún acto informativo en julio y en septiembre haremos al menos una primera concentración e intentaremos a partir de ahí extender las movilizaciones en Madrid y en los municipios, en las zonas rurales, que pueden ser, definitivamente, las más afectadas, porque son las que tienen todavía más terreno por urbanizar".