El Gobierno impulsa en Madrid un plan contra la violencia sexual tras un aumento del 86% en las denuncias por violación

La Delegación del Gobierno en Madrid ha presentado este lunes, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, un Plan de Acción contra la Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid 2026-2027 con el que busca reforzar la respuesta institucional ante el aumento de las denuncias registrado en los últimos años. El documento, concebido como una hoja de ruta territorial para la región, se estructura en tres grandes ejes, prevención, protección y atención, seis objetivos y 20 medidas operativas.

El punto de partida del plan es el crecimiento sostenido de los delitos contra la libertad sexual en Madrid. Según el documento, la Comunidad registró en 2025 un total de 3.149 hechos conocidos, un 5,6% más que el año anterior, frente al aumento del 2,3% registrado en el conjunto de España. Las agresiones sexuales con penetración pasaron de 368 denuncias en 2017 a 685 en 2025, lo que supone un incremento del 86% en ocho años. El diagnóstico también subraya que el 85% de las víctimas son mujeres, que casi una de cada tres es menor de edad y que el 95,4% de los detenidos o investigados son hombres.

La iniciativa llega tras dos años de trabajo técnico y 53 reuniones con administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores jurídicos, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, entidades feministas, asociaciones de atención a víctimas, expertos y representantes del tercer sector. La Delegación plantea el plan como una adaptación madrileña del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior, pero ajustada a las singularidades de la región: el peso de la capital y su área metropolitana, la diversidad municipal, el ocio nocturno, los grandes eventos, los entornos digitales y la necesidad de coordinar recursos estatales, autonómicos y municipales.

El primer eje, centrado en la prevención, pone el foco en jóvenes, familias, centros educativos, redes sociales, espacios de ocio, ámbito laboral y municipios con menor acceso a recursos. Entre las medidas previstas figuran campañas sostenidas sobre consentimiento, acoso, violencia sexual digital, difusión no consentida de contenidos íntimos, apps de citas y rechazo del negacionismo de la violencia machista. El plan también propone una estrategia de “contranarrativa” frente a la misoginia digital, con mensajes y formatos audiovisuales dirigidos a disputar discursos que banalizan el consentimiento o normalizan la violencia sexual.

En el ámbito educativo, el documento plantea reforzar el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, haciendo obligatorias las sesiones sobre igualdad en los centros acogidos a este programa e incorporando módulos específicos sobre consentimiento, relaciones sanas, pornografía, ciberviolencia sexual, grooming y detección temprana. También prevé formación para profesorado, equipos directivos, familias, personal de comedor, orientación y recursos municipales, además de programas de nuevas masculinidades dirigidos a adolescentes y hombres jóvenes.

El segundo eje se centra en la protección y en la coordinación institucional. La Delegación del Gobierno impulsará una mesa técnica territorial con participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones competentes, operadores jurídicos, recursos especializados, entidades del tercer sector y, cuando sea posible, mecanismos de escucha de víctimas. Esta mesa deberá concretar actuaciones, evaluar el cumplimiento de las medidas e incorporar nuevas propuestas conforme evolucione la violencia sexual en la región.

El plan también prevé la creación de circuitos claros de actuación y derivación desde cualquier “puerta de entrada”: recursos sanitarios, sociales, educativos, laborales, municipales, policiales, judiciales, administraciones públicas y entidades sociales. La intención es definir tiempos de respuesta, responsables y salvaguardas de protección de datos, además de mejorar la coordinación en la preservación de pruebas entre policías, medicina forense, laboratorios, órganos judiciales y recursos sanitarios.

Otro de los ámbitos destacados es el ocio nocturno y los espacios de riesgo. El borrador plantea fomentar los puntos violeta y activar dispositivos específicos en festivales, fiestas populares, grandes eventos, campus universitarios, transporte, zonas turísticas y municipios con alta concentración de población joven o visitante. También se contempla la colaboración con empresas de seguridad privada, empresarios del sector y entidades locales.

El tercer eje aborda la atención a las víctimas. El documento identifica dificultades como la saturación, las listas de espera y la falta de itinerarios integrales, por lo que plantea reforzar recursos especializados como CIASI, Barnahus, centros de crisis 24 horas, redes municipales, atención psicológica y dispositivos autonómicos y locales. La atención deberá incluir asistencia jurídica, psicológica, social y sanitaria desde el primer contacto con cualquier servicio público, sin condicionar el acompañamiento a la presentación de denuncia.

El plan incorpora además medidas específicas de accesibilidad universal para mujeres con discapacidad o necesidades de apoyo, con intérpretes de lengua de signos, mediadores, lectura fácil y otros recursos. También presta atención a víctimas extranjeras, menores y mujeres de municipios rurales o con menor acceso a servicios, mediante fórmulas de proximidad, información clara sobre derechos, derivaciones seguras y atención telemática cuando sea adecuada.

La hoja de ruta se desplegará durante tres semestres, con dos evaluaciones parciales y una evaluación final prevista entre enero y marzo de 2028. La primera fase, entre julio y septiembre de 2026, estará dedicada a la presentación pública e institucional y a la puesta en común con los actores implicados. Después comenzará el desarrollo de las medidas, que deberán concretarse en acciones calendarizadas, evaluables y adaptadas a cada ámbito territorial o sectorial.

Más allá de las campañas, el plan busca ordenar una respuesta dispersa y convertir la lucha contra la violencia sexual en una política de coordinación permanente en la Comunidad de Madrid. Su eficacia dependerá, en buena medida, de la implicación de las administraciones competentes, los recursos especializados, los operadores jurídicos, las fuerzas de seguridad y los municipios madrileños.