Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRISIS MIGRATORIA

El Ayuntamiento de Pinto ordena suspender la actividad de una casa de acogida de menores migrantes por falta de licencia

El Consistorio madrileño da dos meses a la entidad gestora, Nuevo Hogar Betania, para regularizar la situación y advierte de que, si no lo hace, procederá al cierre definitivo

Menores migrantes en un centro de acogida.

Menores migrantes en un centro de acogida. / Archivo/ Andrés Cruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Martínez Candela

Madrid

El Ayuntamiento de Pinto ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad de una casa de acogida de menores extranjeros no acompañados abierta el pasado mes de marzo en un chalé del municipio, al considerar que la entidad gestora, Nuevo Hogar Betania, no cuenta con la autorización municipal necesaria para desarrollar esa actividad.

Según adelantó el diario ABC y han confirmado fuentes municipales, el centro comenzó a funcionar en una vivienda unifamiliar "sin recibir previo aviso" por parte del Gobierno, que financia el recurso a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El alcalde de Pinto, el popular Salomón Aguado, ha defendido la actuación municipal y ha asegurado que el centro se abrió "sin información, tratando a los menores como mercancía y vulnerando la normativa municipal".

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de la actividad a comienzos de abril, después de que varios vecinos alertaran de la existencia del centro. A partir de ese momento, los técnicos municipales iniciaron el análisis para comprobar si el uso del inmueble era compatible con el Plan General de Ordenación Urbana de Pinto. El Consistorio requirió en varias ocasiones a la entidad privada la documentación que acreditara la legalidad del uso del chalé como centro de acogida de menores extranjeros no acompañados. Según el Ayuntamiento, la documentación aportada no cumple con la normativa municipal, por lo que han sido desestimadas las pretensiones de la entidad y se ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad.

Fachada del Ayuntamiento de Pinto en una imagen de archivo.

Fachada del Ayuntamiento de Pinto en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Pinto

Una parcela de uso residencial unifamiliar

El inmueble está situado en una parcela cuyo uso principal, conforme al PGOU de Pinto, es residencial unifamiliar. La normativa permite compatibilizar ese uso con el de pequeñas residencias, siempre que el número de habitaciones para residentes sea igual o inferior a diez, así como con determinados centros de acogida o residenciales de atención social.

No obstante, para esos supuestos se exige una autorización expresa previa. El Ayuntamiento sostiene que no consta que se haya solicitado licencia ni autorización para ejercer la actividad asistencial de bienestar social que ya se estaba desarrollando en la vivienda. La entidad gestora ha defendido que cuenta con el amparo del Gobierno central y con un mandato judicial para la apertura del recurso, extremo que el Consistorio niega.

El decreto municipal establece un plazo de dos meses para que Nuevo Hogar Betania regularice la actividad y, en caso contrario, el Ayuntamiento ejercerá las actuaciones correspondientes para decretar el cierre definitivo del centro. "Nosotros lo tenemos claro: no se trata de una cuestión de racismo o de menores, se trata de cumplir la legislación vigente", ha señalado Aguado. El alcalde ha reclamado al Gobierno central y al Ministerio de Migraciones que cumplan la normativa y gestionen "de forma adecuada" la situación de estos menores.

Críticas al Gobierno central

El regidor ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "privatizar" la gestión de los menores extranjeros no acompañados mediante el encargo a "un tercero" que recibe una cantidad económica para hacerse cargo de esta actividad. "Esta entidad, por lo que nos consta, ya venía de otro municipio de la Comunidad de Madrid por las mismas razones: por no cumplir la normativa", ha afirmado Aguado.

Desde el PP de Pinto han acusado además al Gobierno central de "usar a los menores como mercancía" y de querer hacer a los ayuntamientos "partícipes de su nefasta política migratoria, sin informar y saltándose la Ley".