Madrid considera "una burla" el anuncio del Gobierno de una inversión de 6.200 millones adicionales en dependencia

La aprobación de un decreto con una partida extra para dependencia de 2.218 millones de euros en 2026 aprobada hoy en el Consejo de Ministros ha abierto un nuevo frente de confrontación dialéctica entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Si a la cantidad se suma la prevista para 2027 la inversión total extra en el sistema de dependencia alcanzará los 6.200 millones de euros. Una cifra que esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido como la "mayor inversión en dependencia de la democracia", afirmación que ha sido rebatida desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

"Es una burla a los mayores y a las personas dependientes hablar de la 'mayor inversión en dependencia de la democracia' cuando Sánchez acumula el mayor récord de deuda con las comunidades autónomas en materia de dependencia de la democracia", han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales el Gobierno regional, que cifran la cantidad adeudada por el Estado al conjunto de los territorios en materia de dependencia en más de 20.000 millones de euros.

Solo con la Comunidad de Madrid, prosiguen, esa deuda ascendería a los 3.400 millones, añaden, lo que permitiría crear, estiman, unas 70.000 nuevas plazas residenciales hasta triplicar la red actual de la Comunidad de Madrid. Se argumenta desde Sol que la Administración central tiene que financiar el 50% del sistema de dependencia y las comunidades autónomas, el 50% restante. En estos momentos, la cantidad que aporta el Gobierno central cubre en la Comunidad de Madrid el 27,9%, según datos publicados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, de ahí el desfase que se apunta.

"Sánchez admite que no alcanzará el 50% de financiación estatal este año", añaden desde el Gobierno madrileño. "Después de años de incumplimientos, vuelve a prometer a futuro lo que debería estar cumpliendo ya. No es un Gobierno de fiar. Y más cuando lleva cuatro años asegurando que era imposible aumentar la financiación porque no tenían Presupuestos".

Al asunto se ha referido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella ha calificado de "artefacto" el concepto que se esgrime de "deuda histórica adquirida". El 50% de aportación estatal, ha asegurado, no se recoge en la ley, sino que responde a "un compromiso político que la izquierda ha peleado, que acordamos en el acuerdo de Gobierno", en referencia al pacto que firmaron PSOE y Sumar en 2023 para formar Gobierno y que apuntaba alcanzar ese porcentaje antes del fin de la legislatura.

En puridad, lo que establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia es que "la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado".

"Mariano Rajoy dejó el porcentaje de contribución de la Administración General del Estado a la dependencia en el 16,23%"ha argumentado Bustinduy. "Si no cumplir el 50% implica una deuda, ¿cuánto le debe Mariano Rajoy a la Comunidad de Madrid? Cuando yo entré a este cargo ese porcentaje estaba en el 28%, y lo vamos a dejar en el 50%. Yo entiendo que dentro de las reglas del juego político los ejercicios de contorsionismo sean la norma y no me esperaba que el Partido Popular fuera a salir a celebrarlo y felicitarme, pero sí les diría que, aunque sea en privado, se alegren por su país".

Frente a ello, en el Ejecutivo regional, se denuncia, además, que el decreto hoy aprobado por el Consejo de Ministros responde al intento de Sánchez de minimizar el impacto en la opinión pública de los casos judiciales en torno al PSOE, el Gobierno y su entorno familiar. "Ya no sabe cómo salir del escándalo que le rodea y lo hace intentando comprar a los más vulnerables", aseguran.