Maricarmen gana tiempo: aplazado el desahucio de la casa de Retiro donde vive desde hace 70 años

Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro a la que iban a desahuciar este viernes de la casa donde ha vivido 70 años, podrá seguir residiendo en ella al menos hasta el 23 de septiembre al haberse paralizado el lanzamiento previsto para el próximo día 24.

El juzgado número 90 de Madrid ha atendido así el recurso presentado por su abogada, Beatriz Duro, y ha pospuesto el desahucio hasta el 23 de septiembre al entender que en el segundo aplazamiento --previsto para el día 3 de junio--, no se atenía a la ley, ha apuntado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.

En concreto, apelaba al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que prevé un plazo de un mes para el desalojo cuando el inmueble constituye la vivienda habitual de la persona afectada. Al haberse concedido un plazo inferior, el juzgado ha acordado una nueva fecha para el lanzamiento, el 23 de septiembre.

No obstante, el mismo órgano judicial ha rechazado suspender el procedimiento en los términos solicitados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que había pedido paralizar el desahucio hasta que las administraciones acreditaran la búsqueda de una alternativa habitacional para la afectada. Según el auto, las administraciones públicas han dispuesto de tiempo suficiente durante los sucesivos aplazamientos para encontrar una solución.

Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa residencial a Maricarmen. La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada, otorgándole de plazo hasta diciembre para informar sobre las actuaciones realizadas.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. La afectada se enfrenta a su tercer intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 250%.

El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.

Tras conocerse el nuevo aplazamiento, los actos de apoyo previstos para los próximos días han sido pospuestos al 22 de septiembre, víspera de la nueva fecha señalada para el lanzamiento. La organización insiste en que la prórroga judicial no resuelve la situación de fondo y reclama una solución definitiva que permita a Maricarmen permanecer en su hogar.