Más normas, escaso control: la Federacion Vecinal denuncia que más del 90% de las viviendas turísticas de Madrid son ilegales

Para la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el problema de las viviendas de uso turístico en la capital está muy lejos de corregirse, pese a los intentos de regulación puestos en marcha por las distintas administraciones. Es la principal denuncia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que en un nuevo informe presentado este martes alerta de una brecha enorme entre la oferta real de pisos turísticos y los que cuentan con autorización urbanística.

A fecha de finales de 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaba 12.637 viviendas turísticas operativas en Madrid. La plataforma Inside Airbnb eleva esta cifra a 16.015 anuncios activos. Frente a estos números, el Ayuntamiento solo cuenta con 1.131 licencias urbanísticas publicadas. Es decir, lamenta la FRAVM, que el 91% de las VUT estarían operando de forma ilegal en la ciudad.

El problema, sostiene la Federación, no es solo cuántas VUT hay, sino cuántas funcionan sin licencia y durante cuánto tiempo lo han hecho sin una respuesta administrativa eficaz. Madrid ha aprobado nuevas reglas, ha reforzado el debate público y ha puesto en marcha instrumentos como el Plan RESIDE, pero la FRAVM insiste en que más regulación no equivale automáticamente a más vivienda recuperada para vivir.

El informe también muestra que la oferta no responde mayoritariamente al alquiler ocasional entre particulares. De los más de 16.000 anuncios recogidos por Inside Airbnab, 11.844 son viviendas enteras y 14.806 permiten estancias inferiores a 30 noches. Además, 12.036 pertenecen a anfitriones con varios anuncios, un indicador de concentración y profesionalización del negocio.

La presión de este mercado se concentra especialmente en el distrito Centro y en los barrios del hipercentro. Embajadores, Universidad, Palacio, Sol, Justicia y Cortes aparecen como los principales focos de una actividad que, según la entidad vecinal, reduce la función residencial de la vivienda, altera la convivencia y contribuye a tensionar los precios.

La FRAVM advierte además de un nuevo riesgo: que parte de la oferta deje de presentarse como vivienda turística y pase a camuflarse bajo fórmulas de alquiler de temporada. Para la Federación, una reducción de anuncios visibles no significa necesariamente que esos pisos vuelvan al alquiler residencial si siguen explotándose mediante estancias temporales, sucesivas o de alta rotación.

Por eso, reclaman que las administraciones miren el uso real de cada vivienda y no solo la etiqueta con la que se anuncia. Si un piso se alquila de forma breve, reiterada, a través de plataformas o con gestión profesionalizada, debe ser inspeccionado como una actividad de alojamiento temporal intensivo.

Entre sus propuestas para poner coto al problema, la FRAVM pide reforzar la inspección urbanística, cruzar datos entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Estado y plataformas digitales, retirar de forma rápida los anuncios sin licencia y sancionar tanto a operadores como a propietarios cuando conozcan o se beneficien de la actividad irregular.

Asimismo, piden también regular con más dureza el alquiler de temporada, apoyar a las comunidades de propietarios y evitar que las restricciones a las VUT dispersas terminen favoreciendo la conversión de edificios completos en alojamientos turísticos.