El Baobab viene y va: la Justicia paraliza ahora su derribo después de que Patrimonio descartase proteger el edificio

El antiguo Baobab no ha dicho su última palabra. El caso del inmueble situado en Cabestreros 1 y 3, antigua sede del mítico restaurante senegalés de Lavapiés, ha dado un nuevo giro de guion. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la paralización cautelarísima del derribo de los edificios tras admitir el recurso presentado por el PSOE-M contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que, a su vez, había levantado la suspensión de las obras.

El auto, al que ha tenido acceso este periódico, ordena suspender la resolución autonómica del 22 de mayo, que permitía seguir adelante con los trabajos de derribo. En la misma, el órgano autonómico consideraba que el inmueble "no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección", por lo que la licencia del Ayuntamiento que autorizaba su derribo para construir un hostal "está bien concedida".

La medida se adopta sin oír previamente a la parte contraria, por la vía de urgencia, y obliga a la Administración demandada a cumplirla de forma inmediata. El tribunal aprecia que existe una situación de “especial urgencia” porque las obras de demolición ya se habían reanudado tras el levantamiento. El TSJM no entra todavía a decidir si el edificio debe protegerse definitivamente o no. Lo que hace ahora es ordenar que se pare el derribo mientras se estudia el caso, para evitar un posible daño irreversible.

El edificio en cuestión se encuentra dentro del ámbito del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y de la Zona Arqueológica del Recinto Histórico, enclaves reconocidos como Bien de Interés Cultural. Ese dato es clave para el tribunal, que entiende que, ante la duda razonable sobre su valor histórico, debe primar la prudencia.

En el recurso presentado, los socialistas defienden que los inmuebles conservan elementos de interés histórico, arquitectónico y ambiental, y que forman parte de la memoria urbana de Lavapiés. También señalan que el inmueble aparece documentado en fuentes históricas de la ciudad desde hace siglos. El texto, según apunta el portavoz de Urbanismo del grupo, Antonio Giraldo, iba acompañado de “un informe pericial firmado por un doctor en Arquitectura” que rebate el dictamen autonómico. “La resolución por la que se acordaba levantar la suspensión y permitir la demolición incurría en contradicciones que no se sostenían”, asegura el edil.

La portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, también ha celebrado la decisión judicial, ya que el daño "habría sido irreversible para el patrimonio histórico” de la ciudad. “Cuando se derriba un edificio con valor patrimonial, no hay vuelta atrás”, afirma en un audio remitido a los medios. Para Maroto, la resolución demuestra que “existían razones para actuar con prudencia”, tal y como venía sosteniendo su grupo.

Lo "más preocupante", según la edil de la oposición, es que el Consistorio haya "mirado hacia otro lado" ante una operación que supone perder una parte del patrimonio histórico del barrio para favorecer un proyecto turístico. "No podemos seguir borrando la memoria de nuestros barrios para sustituirla por actividades pensadas exclusivamente para el turismo”, subraya Maroto, antes de añadir que “Madrid no necesita más presión turística", sino "proteger su patrimonio, preservar su identidad y garantizar barrios para vivir”.

Preguntado posteriormente por esta cuestión, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado su respeto por la Justicia y sentencia adoptada. "Respetar, por supuesto, la medida cautelar y veremos que pasa finalmente en el proceso judicial", ha indicado el regidor madrileño tras recordar que fue el Consistorio quien frenó las obras y trasladó el expediente a Patrimonio "cuando se plantearon dudas acerca de la protección de ese edificio".