Condenado a 11 años de cárcel el capitán del Ejército que estranguló a su mujer delante de sus hijos en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a once años y medio de prisión a Antonio P.C., capitán del Ejército de Tierra, por asesinar a su esposa, Leticia T.C., enfermera del Hospital Gregorio Marañón, a la que estranguló el 25 de noviembre de 2023 en el domicilio familiar, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, delante de una de sus hijas menores.

La sentencia, dictada en consonancia con el veredicto de un Tribunal del Jurado, considera al acusado culpable de un delito de asesinato con la eximente incompleta de trastorno mental y las atenuantes de confesión y reparación del daño. Por este delito se le impone una pena de once años de cárcel. Además, el tribunal le condena a otros seis meses de prisión por un delito de lesiones psíquicas, también con la misma eximente, por el grave daño psicológico causado a sus hijos y por el maltrato al que sometía a la víctima.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 27 años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y género, además de lesiones psíquicas a los dos hijos menores de la pareja. Sin embargo, el jurado apreció que el acusado tenía alteradas de forma relevante sus facultades intelectivas y volitivas debido a un episodio disociativo en el contexto de un trastorno explosivo intermitente.

Además de la pena de cárcel, Antonio P.C., que se encuentra en prisión provisional desde 2023, no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ninguno de sus hijos durante 13 años. El tribunal también le priva del ejercicio de la patria potestad sobre ambos menores durante ese mismo periodo y le impone una medida de libertad vigilada de hasta diez años una vez cumplidas las penas privativas de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar con 150.000 euros a cada uno de sus hijos y con 100.000 euros a cada uno de los padres de la víctima, lo que suma un total de 500.000 euros. La sentencia recoge, además, que el procesado consignó más de 287.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones derivadas del procedimiento.

Una discusión tras una visita a Faunia

Según los hechos declarados probados, la pareja convivía con sus dos hijos menores y atravesaba una crisis matrimonial. Leticia T.C. había presentado una demanda de divorcio un mes antes del crimen.

El jurado consideró acreditado que la discusión comenzó después de una visita familiar al parque Faunia, donde uno de los hijos sufrió una caída, y continuó durante el regreso al domicilio. Ya en la vivienda, el acusado agarró fuertemente del cuello a su esposa con la intención de acabar con su vida y le provocó una asfixia mecánica por estrangulación.

La agresión se produjo de forma sorpresiva y sin que la víctima tuviera posibilidad efectiva de defenderse. La mujer entró en parada cardiorrespiratoria y fue atendida inicialmente por agentes policiales y posteriormente por los servicios sanitarios. Aunque recuperó el pulso y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, falleció dos días después a consecuencia de un fallo multiorgánico derivado de la asfixia sufrida.

El veredicto también declaró probado que una de las hijas menores, de tres años, presenció la agresión y sufrió un grave menoscabo psicológico como consecuencia de lo ocurrido.

El acusado llamó al 112 tras la agresión

Durante la vista oral, el militar admitió que fue él quien alertó al 112 minutos después de la agresión y comunicó que había matado a su mujer. El procesado defendió que actuó bajo un episodio disociativo que le hizo perder el control de sus actos y aseguró que, tras lo ocurrido, se ocupó de sus hijos al creer que la víctima ya había fallecido.

“Fue una acción tan horripilante, era una monstruosidad. No sé cómo llegué a romperme y cómo no me fui de mi casa como había hecho en otras discusiones. Me arrepiento desde el momento en que soy consciente de lo que he hecho”, manifestó en su declaración.

El tribunal tuvo en cuenta tanto la llamada al 112 como la colaboración posterior del acusado con la investigación a la hora de aplicar las atenuantes de confesión y reparación del daño.