La Asamblea de Madrid aprueba la norma que eleva la edificabilidad para favorecer la construcción de viviendas protegidas

Con el acceso a la vivienda como uno de los principales si no el principal desafío en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso viene defendiendo que el principal problema es de escasez de oferta y la solución pasa ante todo por construir. Y a ello se encamina la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública que hoy ha aprobado la Asamblea de Madrid con los votos del PP, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

La medida, que según el Ejecutivo regional facilitará la construcción de entre 17.000 y 18.000 nuevas viviendas protegidas, contempla principalmente dos cuestiones. Por un lado, profundiza en una reforma ya introducida en 2024 en virtud de la cual se autorizaba el cambio de uso de suelo para levantar vivienda protegida en parcelas destinadas a oficinas. La norma hoy aprobada extiende esa posibilidad a las parcelas con calificación de uso terciario hospedaje y a las de uso dotacional privado.

Por otra, parte se amplía en un 20% la edificabilidad (el número de metros que se pueden construir) y en un 30% la densidad (el número de viviendas por terreno edificable) en los suelos destinados a vivienda con algún tipo de protección pública sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que retrasaría considerablemente el procedimiento.

La posibilidad alcanzará, tras la introducción de una enmienda al proyecto de ley del Gobierno regional por el propio Grupo Parlamentario Popular, no solo a parcelas sin edificar calificadas para vivienda protegida por el planeamiento urbanístico sino también a las redes públicas sin edificar destinadas a tal fin.

La enmienda de los populares también abre a los ayuntamientos la posibilidad de autorizar fórmulas de alojamiento temporal en suelo industrial en determinadas condiciones.

Críticas de la oposición

Precisamente esta ha sido uno de los aspectos que más ha criticado la oposición. Desde Vox, la diputada Beatriz Tejero Oller ha lamentado que esta ley, por sí misma, “no construye una sola vivienda” y ha asegurado que, a través de esta enmienda, se autoriza mediante una licencia municipal el alojamiento temporal. “El coliving, por su propia definición, no puede ser vivienda protegida”, ha insistido antes de vaticinar que muchas de esas licencias serán recurridas.

Javier Guardiola, diputado socialista que ha intervenido en el debate ha afeado que la ley, piense, a su juicio, más en los promotores que en la ciudadanía, al permitir cambios de uso de suelo ventajosos. “Nos acusan a la izquierda de querer intervenir el mercado de la vivienda, pero ustedes lo intervienen para favorecer a los fondos y a los grandes tenedores”, ha asegurado.

Desde su grupo, ha dicho, se podría estar de acuerdo con cuestiones como el aumento de edificabilidad, pero se reprocha que se autorice “sin planificación” de cómo afecta a los servicios públicos.

Más Madrid ha cuestionado todo el modelo de vivienda popular y ha reclamado entre otras medidas la declaración de permanente a la vivienda protegida o la creación de un fondo público de inversión para captar financiación para la construcción. “Necesitamos un cambio de modelo donde la vivienda sea concebida de manera similar a la sanidad, como un derecho y no una mercancía”, ha defendido su diputado Jorge Moruno.

Frente a ello, la popular Paula de las Heras ha asegurado que esta ley permite “más oferta y más oportunidades”. El objetivo, ha opinado, es “aprovechar mejor el suelo ya planificado” y “transformar espacios infrautilizados para construir vivienda”. La posibilidad de habilitar alojamiento temporal en suelo industrial, permite liberar vivienda tradicional hasta ahora destinada a ese uso.

La ley también atiende a otras cuestiones como reducir la obligatoriedad de plazas de aparcamiento de una y media a una por vivienda. En cuanto al plazo para solicitud de las licencias en relación con todas estas medidas se fija en dos años y otros tres para la ejecución de las obras. Además, se amplía en dos años más la posibilidad de utilizar para vivienda protegida suelo destinado a oficinas, una medida que, se mantiene desde el Gobierno regional, ha permitido promover 8.400 pisos de alquiler asequible desde 2024.