Madrid insta al delegado del Gobierno a activar la repatriación de 110 menores extranjeros no acompañados

En marzo del año pasado, poco después de que el Gobierno pactara con Junts los criterios para establecer el traslado a otras comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados desde los territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria, esto es desde aquellas regiones en que la presencia de menores triplicara su capacidad ordinaria de acogida, y en pleno choque por el asunto entre administraciones, el Ejecutivo madrileño subió un peldaño en ese pulso: solicitó la repatriación de cuatro menores que presentaban lo que definieron como "dificultades de adaptación".

La iniciativa se tomaba después de que la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, órgano dependiente de la propia Comunidad de Madrid, determinara que el retorno era la mejor opción en defensa del "interés superior del menor", tras lo cual se procedía a trasladar la solicitud a la Delegación del Gobierno, el órgano competente para decidir sobre si procede o no la repatriación.

Desde entonces se han trasladado al departamento que dirige Francisco Martín un total de 110 expedientes de solicitud de reunificación familiar sin que desde la Delegación se haya respondido ninguno de ellos, ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo, según informa hoy al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

El asunto viene siendo motivo de reproches mutuos cada cierto tiempo. Tal y como establece el real decreto 1155/2024, que recoge el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de seis meses desde la incoación del expediente. Pero para incoar el expediente, acción administrativa que es competencia de la Delegación, esta debe recabar previamente, a través de la Comisaría General de Extranjería, un informe de la representación diplomática del país de origen del menor sobre sus circunstancias familiares.

El reglamento no establece, en cambio, un plazo para recabar ese informe. Martín se ha remitido a ello en alguna ocasión para asegurar que no ha bloquedado los trámites.

En la Comunidad de Madrid no consta hasta la fecha el inicio de ningún procedimiento de repatriación por parte de la Delegación, pese a que, se insiste, la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha considerado el retorno con sus familias y entorno social lo más adecuado para el interés superior de los menores.

Por ello, ante lo que se considera "inacción" del delegado, la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, le ha remitido un escrito en el que le insta a activar esos 110 expedientes "en cumplimiento de las obligaciones atribuidas a la Administración General del Estado" y se reserva el derecho a emprender acciones legales si persiste en lo que consideran esa inactividad. Es algo que ya hizo la propia consejera el pasado marzo, sin que por el momento se haya sustanciado en ningún movimiento en los tribunales.

Desde la Comunidad de Madrid se señala que, como consecuencia de no dar salida a la tramitación de esas carpetas, 40 de los 110 menores afectados ya han alcanzado la mayoría de edad.

Por otra parte, añaden fuentes regionales, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha presentado 16 denuncias contra falsos menores por un presunto delito de estafa agravada, al haberse beneficiado indebidamente de recursos públicos de protección. La determinación de la mayoría de edad la ha constatado la Fiscalía, en la mayoría de los casos, a petición de la propia Comunidad de Madrid. Estas actuaciones, añaden, han dado lugar ya a las primeras detenciones.