Madrid acepta el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda pero estudia recurrirlo ante el Tribunal Supremo

La Comunidad de Madrid acepta finalmente el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pero estudia, no obstante, recurrirlo al Tribunal Supremo para, ha asegurado el consejero de Vivienda madrileño, Jorge Rodrigo, defender sus competencias en materia de vivienda. El nuevo Plan llevado hoy a la Conferencia Sectorial supone la movilización de más de 7.000 millones de euros en el conjunto de España para la construcción de nuevas viviendas protegidas, rehabilitación o ayudas para el alquiler y compra. De ellos, el 60% los aporta el Estado y el 40% las comunidades autónomas.

En el caso de Madrid, esa financiación asciende en este reparto a 1.113 millones, de los que el Gobierno aportará más de 667 millones de euros. Una cifra a la que la Comunidad no renunciará "por responsabilidad", pese a mostrar su oposición a cómo se ha diseñado. El anterior plan, para el periodo 2022-2025, contemplaba una inversión conjunta para la región de 298 millones de euros según las cifras del Ministerio de Vivienda.

"Por responsabilidad, vamos a votar a favor del reparto de los fondos. No estamos a favor del Plan tal y como ha sido aprobado por el Gobierno central, y, de hecho, nos reservamos la presentación de los recursos pertinentes", ha indicado Rodrigo a la entrada a la Conferencia Sectorial.

Reprocha Rodrigo que el Plan no ha sido trabajado con las comunidades autónomas ni se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas desde el Gobierno regional, lo que, a su juicio lo convierte en "un nuevo acto de propaganda del sanchismo".

"El Ejecutivo pretende utilizar la financiación estatal para imponer su ideología, incentivando las zonas tensionadas y condicionando las políticas autonómicas de vivienda", ha asegurado Rodrigo. "Traducido al castellano: si quieres financiación, primero tienes que pasar por caja ideológica".

Ahí reside gran parte del enfrentamiento entre administraciones. El nuevo plan incrementa las ayudas públicas a la construcción o la adquisición de vivienda por parte de las administraciones para incrementar el parque público si esas viviendas se encuentran en zonas declaradas como tensionadas. La Comunidad de Madrid se opone sistemáticamente a declarar zonas tensionadas, una medida que lleva aparejada el establecimiento de topes a los precios de alquiler, medida que el Gobierno de Ayuso critica por lo que entienden es intervencionismo y porque entienden que acaba detrayendo pisos de la oferta.

También establece como condición el nuevo Plan Estatal de Vivienda la declaración permanente de la calificación protegida de las viviendas de este tipo. El Gobierno madrileño se opone a este punto porque, se defiende, desincentiva a la iniciativa privada a la hora de edificar vivienda protegida. "El propio Consejo de Estado también ha cuestionado medidas como la protección permanente de la vivienda y la ausencia de estudios sobre el impacto que puede tener en la promoción privada de vivienda protegida", ha insistido hoy Rodrigo. La medida, defiende el Gobierno busca blindar un parque público de vivienda.

Entre los aspectos que Rodrigo critica está también el intercambio de datos sobre fianzas o lo que considera un diseño financiero del plan "profundamente injusto".